¿750 millones para partidos sin rendir cuentas?

Por Francisco Tavárez

La Junta Central Electoral (JCE) ha anunciado, con aparente normalidad administrativa, la emisión de su Resolución 16-2025 para la distribución de RD$750 millones como contribución económica a los partidos políticos en el segundo semestre de 2025. Un monto astronómico que, aunque responde a lo ordenado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que los ciudadanos se hacen con razón: ¿en qué se gasta ese dinero?

Resulta indignante que tres partidos —el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD— reciban RD$200 millones cada uno, sin que exista una fiscalización real y transparente del uso de esos recursos. Lo paradójico es que, mientras estas organizaciones reciben dinero del pueblo dominicano, muchos de sus locales están cerrados, abandonados o en procesos legales por deudas de alquiler. ¿Qué clase de operación política es esta que no puede ni siquiera mantener abierta una oficina?

Es vergonzoso que en un país con hospitales desabastecidos, escuelas sin maestros y comunidades sin agua potable, se destinen cifras tan elevadas al sostenimiento de partidos políticos que, en su mayoría, solo se activan en campaña. ¿Dónde están los informes de gastos? ¿Dónde están los reportes que justifiquen estos desembolsos millonarios? ¿Cuándo tendremos una auditoría independiente y vinculante que diga con claridad cómo se maneja ese dinero?

La democracia dominicana no puede sostenerse sobre la base del derroche y la opacidad. Si los partidos no cumplen con estándares mínimos de transparencia, si no rinden cuentas, si no mantienen presencia territorial real ni programas de formación política sostenibles, entonces no merecen ni un solo centavo más del erario.

Lo verdaderamente alarmante es que esta transferencia de fondos públicos se ha vuelto una rutina sin consecuencias. Ni la Cámara de Cuentas ni la propia JCE parecen ejercer un verdadero control. La clase política debe entender que el dinero que reciben no es suyo, es del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a saber qué se hace con él.

Exigimos transparencia, auditorías públicas y responsabilidad. Porque financiar la política con fondos del Estado no puede ser sinónimo de financiar la desidia, la ineficiencia y, en el peor de los casos, la corrupción.

Ya basta. La República Dominicana merece partidos con cuentas claras y propósitos honestos.