|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
SANTO DOMINGO.- La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), en conjunto con la Asociación de la Industria de la Música Región Norte, expresó su preocupación ante lo que califican como medidas arbitrarias adoptadas por el Ministerio de Interior y Policía, señalando que han afectado seriamente a numerosos negocios afiliados.
En una carta enviada a la ministra Faride Raful, los comerciantes denunciaron la incautación de equipos de sonido sin el debido proceso, sin reportes oficiales y sin brindar a los propietarios la posibilidad de reclamar sus bienes. Esta situación, aseguran, está impactando la operatividad de los establecimientos y vulnerando derechos fundamentales.
La ACIS reiteró su apoyo a las iniciativas para regular el ruido y mitigar la contaminación sonora en zonas no autorizadas. Sin embargo, advirtió que las acciones actuales del Ministerio no están respetando el derecho a la propiedad privada ni el debido proceso, principios protegidos por la Constitución dominicana.
Citaron la Ley No. 90-19 sobre contaminación sonora, que establece que las autoridades deben emitir advertencias previas antes de proceder con la incautación de equipos. Además, destacaron que el artículo 8.3 de la legislación exige que, en caso de incautación, se levante un acta oficial y se entregue una copia al propietario, algo que, según denuncian, no se está cumpliendo.
«Entendemos la importancia de controlar el ruido y garantizar la tranquilidad ciudadana, pero una ilegalidad no puede combatirse con otra ilegalidad. El respeto al debido proceso es fundamental en un estado de derecho», afirmó Sandy Filpo, presidente de la ACIS.
Solicitan mesa de diálogo con el Gobierno
Ante esta situación, los comerciantes solicitaron la creación de una mesa de diálogo con el Ministerio de Interior y Policía para encontrar soluciones equilibradas que respeten las normativas vigentes y protejan los derechos de los empresarios.
Además, instaron a que las incautaciones se realicen de manera transparente y con base legal, evitando posibles abusos y conflictos con los comerciantes.
La ACIS reiteró su disposición a coordinar una reunión con las autoridades para abordar el problema y establecer mecanismos que permitan armonizar la convivencia ciudadana sin afectar el desarrollo del comercio.
