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La Junta Central Electoral (JCE) emitió una advertencia a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a sus militantes y a la ciudadanía en general, sobre la prohibición de cualquier actividad proselitista antes de los plazos establecidos por la ley. Esta restricción incluye consultas previas, anuncios de aspiraciones y cualquier otra modalidad utilizada para definir precandidaturas o candidaturas en los distintos niveles de elección.
El organismo electoral subraya su responsabilidad de garantizar condiciones de competencia igualitaria dentro de las organizaciones políticas. En este sentido, la definición anticipada de precandidaturas y candidaturas no solo está prohibida, sino que también genera una situación de inequidad que atenta contra principios constitucionales.
Permitir que una organización política defina candidaturas de manera anticipada coloca en desventaja a otros aspirantes que podrían postularse cuando se abran los plazos legales. Estos últimos no contarían con el mismo tiempo para estructurar su proyecto político ni para obtener los apoyos necesarios, lo que comprometería la equidad del proceso electoral. Por ello, la JCE reitera su compromiso de velar por la igualdad de oportunidades para todos los actores políticos.
Según lo dispuesto en la Ley núm. 20-23 y la Ley núm. 33-18, la precampaña electoral para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas. En tanto, la campaña electoral dará inicio con la proclama oficial de la JCE, la cual debe ser emitida a más tardar 70 días antes de los comicios.
El incumplimiento de estas disposiciones acarrea sanciones conforme a lo estipulado en el artículo 78, numeral 8, de la Ley núm. 33-18. Dichas sanciones incluyen la inadmisibilidad de las candidaturas de quienes inicien campaña antes del período oficial, lo que impediría su inscripción y reconocimiento por parte de los órganos de la administración electoral.
Finalmente, la JCE enfatiza que cualquier acción de promoción política fuera de los plazos establecidos podría afectar la legalidad de las precandidaturas y candidaturas. En este sentido, reitera su compromiso de aplicar rigurosamente las sanciones contempladas en la normativa vigente, garantizando la equidad, la transparencia y el respeto al principio de legalidad.
