La República Dominicana y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han tenido diversos desacuerdos con relación a los extranjeros, específicamente con los haitianos.
La CIDH expresó su preocupación ante las diferentes denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana desde República Dominicana. Pide al país asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana en acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria.
Ante el comunicado enviado por la CIDH, la República Dominicana rechazó enérgicamente las imputaciones de la entidad. Manifestó mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) que “nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”.
Esta situación ha generado diferentes reacciones, no solo del sector del gobierno, sino de otros grupos sociales. Ante este nuevo conflicto nos permitimos reseñar algunos casos en que la República Dominicana ha debido defenderse de ataques de este organismo bilateral.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la sentencia 168-13 en el año 2013, donde definió las condiciones para adquirir nuestra nacionalidad. La decisión ordenó a la Junta Central Electoral hacer una auditoría del Registro Civil desde el 1929 hasta el 2007. Y también al Gobierno a implementar el Plan Nacional de Regularización.
Ante la medida, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó su preocupación por las consecuencias de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Concluyó que más de 210,000 personas quedarían apátridas como resultado de la disposición.
Reiteró que esta sentencia conllevaba a una privación arbitraria de la nacionalidad y que tenía un efecto discriminatorio. Dado que impactaba principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son afrodescendientes.
El Estado dominicano consideró que la sentencia no es discriminatoria porque personas de otras 117 nacionalidades presentes en el país también podrían verse afectadas.
Las críticas internacionales suscitadas por la resolución llevaron a las autoridades dominicanas a elaborar una ley en 2014. Con ella ofrecieron la nacionalidad a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos. En ese grupo se inscribieron unas 750 personas beneficiadas por el decreto del gobierno dominicano.
El Gobierno de Danilo Medina, consideró la cuestión migratoria zanjada con la ley de 2014 y manifestó que no había apátridas en el país.
Por el tema, el país se llegó a enfrentar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Esta condenó al Estado por deportar a dominicanos de ascendencia haitiana y falló a favor de dos niños desnacionalizados.
Sin embargo, las autoridades dominicanas rechazaron aplicar esas sentencias, negando que la CorteIDH tenía competencia en casos de derecho a nacionalidad.
La República Dominicana adoptó medidas para otorgar la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana nacidas en el país. Cuyos padres no podían comprobar su estadía legal en nuestro territorio.
Ante las medidas dispuestas por el Gobierno, la CIDH llamó la atención a las autoridades del país sobre su política migratoria. Le recordó su “obligación fundamental” sobre las expulsiones o deportaciones que lleve a cabo. Aunque, valoró los esfuerzos realizados por la República Dominicana “que no son menores”.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decidió para el 2017 colocar a la República Dominicana junto a Venezuela y Cuba en “lista negra”. Según ellos estos son países que violan los derechos humanos y que requieren una “atención especial”.
Como se puede observar es extenso el rosario de quejas y enfrentamientos que hemos tenido con la CIDH tan solo por hacer valer nuestras leyes.
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata.