Cuando se nombró a Pablo Ulloa como defensor del pueblo nosotros felicitamos esa decisión porque le conocemos y sabemos de su capacidad. Entendemos que siempre está del lado de las mejores causas y así le hemos visto asumir el cargo que ostenta.
Pero el hecho de que valoremos su persona y su trabajo no significa que dejemos de ser críticos ante cosas que entendemos no están bien.
El trabajo del defensor del Pueblo está relacionado con los Derechos Humanos pues debe velar porque no se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Derechos que están consignados en la Constitución y de los cuales se debe cuidar sean cumplidos. Hasta ahí entendemos muy bien su rol. Sin embargo hay un aspecto sobre el que debemos llamar la atención y es a no dejarse presionar por organismos internacionales.
En el día de ayer el defensor del Pueblo, visitó el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. El objetivo de su visita era confirmar si se cumple con el respeto de los derechos de las mujeres extranjeras, la mayoría ciudadanas haitianas. Específicamente las que asisten a los centros sanitarios en busca de asistencia médica porque vienen a parir a República Dominicana.
En el día de ayer, en este diario, nosotros publicamos un artículo acerca de las bandas delictivas que operan en Haití. También analizamos el fenómeno en nuestro canal de YouTube Más Allá de la Curva. Poníamos el énfasis precisamente en el tráfico de mujeres ilegales que vienen a parir al país.
Según datos suministrados por este centro de salud, un total de 1,726 mujeres extranjeras alumbró en esta Maternidad entre enero-octubre del 2021.
Lo que nos preguntamos es lo siguiente ¿A cuántas parturientas dominicanas ha visitado el defensor del pueblo para velar por sus derechos? ¿Sabe el defensor del Pueblo cuántas mujeres dominicanas son víctimas de violencia obstétricas mientras alumbran?
¿Sabe el defensor del pueblo cómo esas mujeres haitianas son maltratadas y violadas por sus mismos compatriotas al traerlas al país? Nosotros entendemos que su trabajo haría mejor servicio si se dedicaran a denunciar las bandas dominicanas que trafican con estas mujeres.
No significa que nos opongamos a la labor del Defensor del Pueblo, pero sí es importante cuidar las formas. Por estar bien con la CIDH, no podemos legitimar un hecho que en su esencia es ilegal y que violenta los derechos de estas mujeres. Nos referimos al tráfico ilegal de personas, una acción que también es penalizada por la CIDH.
Invitamos al defensor del Pueblo a que vaya con más frecuencia a los hospitales y que mire las condiciones en que son atendidas nuestras personas. Que escuche a la ciudadanía, a esa que no da titulares en la prensa ni posiciona ante los ojos de organismos internacionales.
Porque de no hacerlo nos obliga a preguntar ¿a qué pueblo defiende el defensor del Pueblo?
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata.