A un día de cumplirse un mes del trágico derrumbe de la discoteca Jet Set, que cobró la vida de 233 personas, la Procuraduría General de la República incautó este miércoles el inmueble como parte de la investigación en curso.
Cerca de las 11:00 de la mañana, agentes del Ministerio Público, acompañados de abogados del empresario Antonio Espaillat —propietario del establecimiento— llegaron al lugar, custodiado por militares, y colocaron el cartel de “incautado” en la fachada del edificio en ruinas.
Entre los juristas presentes estaba Miguel Valerio, coordinador de la defensa legal de Espaillat, quien calificó la acción como “un procedimiento habitual dentro de una investigación judicial”.
La Fiscalía del Distrito Nacional continúa recibiendo denuncias y querellas de víctimas, entre ellas personas lesionadas durante el colapso. Este miércoles, un médico legista acudió con su abogado para anunciar que formalizará su denuncia la próxima semana.
La Procuraduría intensificó su pesquisa tras recibir informes de que Espaillat habría intentado transferir bienes registrados a su nombre, lo que el Ministerio Público interpretó como un posible intento de eludir responsabilidades civiles frente a las víctimas.
El empresario se presentó voluntariamente ante las autoridades el pasado 15 de abril. Cuatro días después, el órgano judicial tomó medidas precautorias tras las sospechas de movimientos patrimoniales irregulares.
La incautación del Jet Set es una de las principales acciones tomadas por la Procuraduría en su esfuerzo por establecer las causas del colapso del techo del emblemático centro de entretenimiento y garantizar justicia para las víctimas.
