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SANTO DOMINGO.- La audiencia preliminar del caso Falcón, una de las operaciones más destacadas contra el crimen organizado en la República Dominicana, enfrentó un nuevo obstáculo tras la recusación del juez Cirilo Salomón Sánchez, del Quinto Juzgado de la Instrucción. La acción fue presentada por el abogado José de los Santos Hiciano, quien representa a Lenin Torres y a la empresa Lenin Auto Import, ambos implicados en el caso.
Esta recusación surge poco después de la captura en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de esta red criminal. La estructura desmantelada durante la denominada Operación Falcón se dedicaba a actividades como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas, movilizando millones de pesos disfrazados como operaciones comerciales legales.
El Ministerio Público, que presentó la acusación formal hace dos años contra unas 70 personas físicas y jurídicas, enfrenta constantes recursos presentados por las defensas técnicas de los imputados. En esta ocasión, la Fiscalía de Santiago, representada por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, rechazó la recusación por considerarla sin fundamento y presentada fuera de tiempo.
El incidente generó un nuevo aplazamiento de la audiencia preliminar, programándose para el próximo 9 de enero de 2025. La Fiscalía, respaldada por un extenso trabajo de investigación que incluyó el análisis de miles de documentos y múltiples diligencias procesales, reafirmó estar preparada para presentar pruebas contundentes que permitan obtener condenas ejemplares contra los implicados.
El caso Falcón, coordinado por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ha contado también con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA). La importancia del proceso radica no solo en el desmantelamiento de una poderosa red criminal, sino también en el impacto que este caso representa para la lucha contra el crimen organizado en la región.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de avanzar en el proceso y garantizar que los responsables enfrenten la justicia por delitos como el lavado de activos, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad y tráfico de armas de fuego. Los esfuerzos continúan enfocados en desarticular completamente esta red y proteger la institucionalidad del país.
