Por: Valdez Valdez
SANTO DOMINGO.-Juristas muestran posturas encontradas en torno a la posible imposición de medidas de coerción a los implicados en el caso Camaleón. El abogado Francisco Familia sostuvo que, dada la complejidad del caso, se hace necesaria la aplicación de prisión preventiva, destacando que “no están todos los involucrados” aún identificados.
Por su parte, el jurista Óscar Batista considera que al extitular del INTRANT, Hugo Beras, se le debe aplicar dicha medida conforme a lo establecido en la ley.
El eje de la Operación Camaleón gira en torno a una licitación pública por más de 1,317 millones de pesos, destinada a la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Según la solicitud de medidas de coerción, el proceso fue manipulado desde su inicio para favorecer a una empresa que no contaba con la capacidad técnica para ejecutar el proyecto.
Empresas como Transcore Latam, Aurix e Inprosol supuestamente fueron creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos, beneficiándose de contratos millonarios gracias a la manipulación del proceso desde dentro del INTRANT.