Acuerdo Petrolero EEUU y Venezuela: enfoque jurídico y geopolítico

Luis González

El 28 de agosto de 2026, el presidente de los EEUU, Donald Trump, anunció en su cuenta personal de Truth Social, un acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela, lo que calificó como, “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, pero en ese momento nada estaba claro.

Dicho acuerdo fue sellado operativamente el 2 de septiembre de 2026 con la firma de contratos en el Palacio de Miraflores en Caracas, con la presencia dela presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez y el secretario de energía de EEUU, Chris Wright.

Sin embargo, detrás de las monumentales proyecciones económicas se esconde un complejo entramado de intervención militar indirecta, inconstitucionalidad y violaciones al derecho internacional que amenazan con transformar este histórico convenio en un acto nulo de toda nulidad.

Anatomía del Acuerdo: ¿En qué consiste?

El convenio establece el otorgamiento de concesiones a largo plazo para desarrollar 17 campos petroleros estratégicos en Venezuela, los cuales albergan aproximadamente 65,000 millones de barriles de reservas probadas de crudo pesado, cerca del 22% de las reservas totales del país.

El acuerdo no lo firmó EEUU como Estado, para evitar los controles del Senado estadounidense, en su lugar, se utilizó un esquema corporativo asignando los derechos a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que encabeza el venezolano, cuestionado a nivel global, Alejandro Betancourt.

Por la parte estadounidense, los artífices políticos fueron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mientras quepor la parte venezolana, la firma recayó en la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reconocida por Washington como gobernante interina tras la captura de Nicolás Maduro por EEUU el 3 de enero de 2026, no obstante, fue Chris Wright, el Secretario de Energía quien supervisó la firma de los contratos.

A lo que más debemos prestar atención es que el pacto deja claro el rolasimétrico de ambas naciones. EEUU asume un rol de control mayoritario, comercialización y supervisión. Aunque es un acuerdo teóricamente entre corporaciones privadas, el gobierno de EEUU, mediante el Pentágono, adquiere una participación accionaria del 35% en NABEP, además, se garantiza el derecho a adquirir el 20% de la producción total a precio de costo, con opción preferencial sobre el 80% restante. O sea, se queda con todo.

En tanto a Venezuela sólo le corresponde ceder los recursos y la administración condicionada de sus propios ingresos fiscales. Aunque la estatal PDVSA mantiene formalmente la soberanía jurídica sobre el subsuelo, el flujo de caja estará estrechamente vigilado bajo el marco institucional binacional, donde EEUU tendrá el control del consejo de la corporación NABEP.

El principal cuestionamiento al acuerdo, es que, ante las normas del Derecho Internacional Público y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), el pacto carece de validez jurídica elemental debido a los vicios en el consentimiento de la república suramericana. El artículo 52 de la Convención de Viena estipula que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza. La firma del acuerdo se produce bajo un escenario de ocupación e intervención militar indirecta, desencadenada tras la remoción forzosa del mandatario anterior por tropas extranjeras. Bajo la tutela política y militar de EEUU, el consentimiento de las autoridades interinas de Venezuela, que además son inconstitucionales, no puede considerarse un acto soberano y libre.

Además, el acuerdo vulnera flagrantemente el derecho interno venezolano, ya que la Constitución prohíbe que un gobierno provisional o interino, enajene activos estratégicos o firme contratos de interés público nacional sin la aprobación obligatoria de una Asamblea Nacional legítima.

Existe, además, una profunda contradicción ética y jurídica por parte de EEUU, lo cual no es nuevo, es parte de su modus operandus, puesto que validaronexpress como “gobierno interino legítimo” a una cúpula que meses antes tachaba de ilegal y dictatorial, con el único fin de viabilizar la firma de las concesiones. Juristas locales y académicos internacionales han advertido que el acuerdo no entra dentro de lo jurídicamente aceptable y constituye un “tratado leonino”.

Los intereses de China en Venezuela:

La otra parte que debemos observar es que estos acuerdos entran en conflicto con acuerdos previos firmados con China.

El nuevo esquema colisiona directamente con el principio de Pacta Sunt Servanda (lo pactado obliga, Artículo 26 de la Convención de Viena). Adiferencia del los acuerdos firmados con EEUU, los acuerdos petroleros y de financiamiento firmados con China durante la era de Hugo Chávez fueron celebrados por un gobierno legítimo, electo por el pueblo de Venezuela y plenamente reconocido por la comunidad internacional, incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de Estados Americanos (OEA). Esos contratos pasaron por todos los canales legislativos y controles constitucionales de la época.

Es bueno que la comunidad internacional, los ciudadanos del mundo, y de manera especial el pueblo venezolano, que en algún momento deberá volver a tener su propio gobierno, como afectan los Intereses de China y sus relaciones con Venezuela, estos acuerdos con EEUU.

Lo primero es que hubo un desplazamiento operativo, puesto que varios de los 17 campos asignados a NABEP eran operados previamente por empresas estatales chinas. Por otro lado, Venezuela adeuda a China más de 10,000 millones de dólares amparados en acuerdos de pago con petróleo, lo que se pone en riesgo al otorgársele a EEUU, el derecho preferencial sobre la producción. Por otro lado se afecta el suministro de crudo pesado tipo Merey destinado a las refinerías independientes chinas.

Ante este panorama, China ha exigido enérgicamente que sus “derechos legítimos sean salvaguardados”. Para evitar una avalancha de demandas multimillonarias en tribunales de arbitraje internacional (como el CIADI) por expropiación indirecta, la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, se apresuró a declarar que Caracas mantendrá "pleno respeto" por las empresas mixtas previas, o sea, los acuerdos con China y Rusia, no obstante todos sabemos que mientras EEUU tenga el control, Venezuela tiene las manos atadas.

En síntesis, “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, nace con una fragilidad jurídica estructural insalvable. Al haber sido impuesto bajo coacción, el uso indirecto de la fuerza y mediante un gobierno interino inconstitucional, el tratado se asienta sobre bases movedizas, contrario a los firmados con China, que cumplieron con las leyes internacionales y las leyes internas de Venezuela. En el momento en que se restablezca el hilo constitucional real en Venezuela, cualquier tribunal nacional o internacional contará con los argumentos necesarios para declarar el pacto nulo de toda nulidad, dejando expuestas a las corporaciones privadas a un riesgo financiero y legal sin precedentes.Adelante.