Al estado se va a servir, no a servirse

Francisco Tavárez

La decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de suspender los Registros de Proveedores del Estado vinculados a varios senadores no debería verse como una noticia extraordinaria. En realidad, debió ser una práctica institucional desde hace muchos años. Más aún, el mismo criterio debe aplicarse a todos los servidores públicos, sin excepción.

La democracia no solo se fortalece con elecciones libres; también se sostiene sobre un principio fundamental: quien administra los recursos públicos no puede beneficiarse de ellos mediante negocios privados. Esa es una regla elemental de ética pública y de prevención de los conflictos de interés.

Durante décadas, en la República Dominicana se ha normalizado una cultura donde muchos funcionarios consideran que ocupar un cargo público también les da derecho a hacer negocios con el propio Estado que administran. Algunos lo hacen de manera directa; otros mediante empresas familiares, socios, testaferros o sociedades comerciales en las que mantienen participación. Incluso existen casos en los que ministros, directores generales y otros altos funcionarios alquilan al Estado vehículos de su propiedad o de empresas vinculadas, convirtiendo la función pública en una fuente adicional de ingresos personales.

Aunque algunas de estas prácticas hayan encontrado resquicios legales en el pasado, desde el punto de vista ético representan un evidente conflicto de interés. El funcionario termina ocupando simultáneamente el papel de quien autoriza el gasto y de quien recibe el beneficio económico derivado de ese mismo gasto.

Por eso resulta acertada la actuación de la DGCP al aplicar las disposiciones de la Ley 47-25. La suspensión de estos registros no constituye una condena ni una sanción penal; simplemente reconoce que mientras una persona ejerza determinadas funciones públicas no puede, al mismo tiempo, mantener relaciones comerciales con el Estado. Es una medida preventiva que protege la transparencia y fortalece la confianza ciudadana.

Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. Si este principio solo se aplica a once senadores, el problema seguirá intacto. La revisión debe extenderse a diputados, ministros, viceministros, directores generales, administradores, alcaldes, regidores, funcionarios descentralizados y cualquier servidor público que tenga capacidad de decisión sobre recursos estatales.

La ciudadanía tiene derecho a preguntarse cuántos contratos públicos continúan beneficiando a empresas cuyos propietarios o accionistas ocupan cargos en el Estado. También merece conocer cuántos funcionarios utilizan familiares, allegados o estructuras societarias para mantener negocios con las instituciones públicas sin aparecer formalmente como beneficiarios.

Combatir la corrupción no consiste únicamente en perseguir el soborno o el desfalco. También implica eliminar aquellas zonas grises donde los intereses privados y las responsabilidades públicas se mezclan peligrosamente. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de los funcionarios, sino de instituciones capaces de detectar y corregir estas incompatibilidades.

La medida adoptada por la DGCP marca un precedente importante, pero solo tendrá verdadero impacto si se convierte en una política permanente y generalizada. La función pública no puede seguir siendo vista como una oportunidad de negocios.

Servir al Estado significa administrar con imparcialidad los recursos de todos los dominicanos, no servirse de ellos. Esa diferencia, aunque parezca sencilla, es la que separa una administración pública moderna de un Estado convertido en botín político.