Alfredo Pacheco y el deber democrático de escuchar

Por Francisco Tavárez

En días recientes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha reafirmado su posición contraria a la inclusión de las tres causales en el Código Penal, reactivando un debate profundamente sensible y necesario en la sociedad dominicana. Más allá de los argumentos religiosos, jurídicos o ideológicos que sustentan esta postura, es legítimo preguntarse: ¿puede un Congreso representar fielmente a la nación si desoye las voces que claman por equidad, dignidad y justicia en situaciones límite?

El presidente Luis Abinader ha declarado públicamente que respeta la diversidad de pensamiento incluso dentro de su propio hogar. Su esposa y sus hijas, según declaraciones y posturas conocidas, no comparten una visión restrictiva sobre el aborto. Este hecho no debe ser utilizado para juzgar al presidente, sino como evidencia de una realidad más amplia: la sociedad dominicana no es monolítica. Está compuesta por mujeres y hombres que, aun compartiendo vínculos familiares, culturales o religiosos, tienen opiniones distintas sobre temas fundamentales.

El debate sobre las tres causales —cuando el embarazo representa un riesgo para la vida de la madre, cuando es producto de una violación o incesto, o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida— no es meramente jurídico; es profundamente humano. Negar la posibilidad de discutirlo abiertamente, o intentar imponer una sola visión, equivale a cerrar las puertas al entendimiento democrático y al reconocimiento del sufrimiento de muchas mujeres.

No se trata de descalificar a quienes defienden la vida desde la concepción. En una democracia auténtica, todas las voces deben ser escuchadas y respetadas, incluyendo aquellas que consideran que la vida debe prevalecer en cualquier circunstancia. Sin embargo, respetar esas creencias no significa legislar exclusivamente en base a ellas, menos aún cuando hay vidas en juego, marcadas por el dolor, el trauma y la desesperanza.

El Congreso de la República tiene el deber moral y constitucional de legislar para todos los dominicanos, no solo para un grupo determinado. En un Estado laico y democrático, no puede ignorarse la pluralidad de creencias, experiencias y derechos. La discusión sobre las tres causales no es un capricho moderno ni una imposición extranjera; es una demanda legítima de justicia y humanidad.

Alfredo Pacheco, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, tiene una gran responsabilidad: garantizar que este debate se dé con altura, sin dogmatismos ni prejuicios. En democracia, escuchar no es una concesión, es una obligación.