Por: Keren Lucas.
República Dominicana. -El caso de fraude inmobiliario Costa Dorada, en que se intenta expropiar de un terreno de 6,363,202 metros cuadrados ubicados en Bahía de las Calderas, Baní, perteneciente a grandes empresarios dominicanos, involucraría a coroneles y tenientes activos de las Fuerzas Armadas, como también abogados y empleados de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la Dirección General de Impuestos Internos, que supuestamente conforman una mafia societaria.
En un reportaje especial para el programa Develando la verdad, que conduce el comunicador Francisco Tavárez El Demócrata, todos los sábados a las 8:00 de la noche por Teleradio América, se reveló que el terreno es una cabeza de playa localizada en Sabana Buey, provincia Peravia, que pertenece a las familias Mayol (propietarios de la empresa Plásticos del Caribe) y la familia Serrano (propietarios de Peravia Industrial, mejor conocidos como Productos La Famosa), y fue adquirida al Banco Agrícola Dominicano en el año 1967 por la suma de RD$600,000 por el señor Juan Mayol Garrido.
Sin embargo, en 2013 dichos dueños se enterarían que dicho activo ya no les pertenece, cuando al intentar transformar Costa Dorada en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, como mandaba la Ley 479-08 sobre Sociedades de Comercio y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, no les fueran recibidas las documentaciones porque el proceso ya había sido agotado a nombre del señor Luis Minervino Ducodray.
Al solicitar información en la Cámara de Comercio y la DGII, descubren que la sociedad terminó a nombre de Ducodray luego que 40 años de historia societaria fueron falsificados, simulando una serie de actos de ventas y asambleas, que lo daban como nuevo dueño, documentos que experticias caligráficas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, señalan que las firmas del dueño original, Mayol Garrido, y a la notario público, son una falsificación por reproducción digital de una misma firma.
Entre todos los documentos usados como prueba por parte de los imputados, no hay un cheque o transacción bancaria que certifique el pago de RD$597,000 con que alegan haber adquirido el terreno en el 2014. RD$3,000 más barato que en el 1967, cuando fue comprado por RD$600,000 por Juan Mayol Garrido (comprador original).
Los propietarios efectuaron una demanda en contra de Ducodray, no obstante, al momento en que estuvo a punto de fallar, el abogado Ricardo Elías Soto Subero, un coronel activo del Ejército, solicitó una reapertura de debates, luego que depositó un certificado de defunción que señalaba que Ducodray había fallecido el 2 de febrero de 2010.
Lo que demuestra que el fraude inmobiliario tiene su génesis en que habían hecho traspasos a nombre de personas fallecidas, como lo es también el caso del famoso veterinario doctor Peguero, quien figura como uno de los accionistas que venderían a Ducodray, ésto incluso a más de un año de haber fallecido.
El 24 de febrero del 2015, el abogado Rafael Olegario Helena Regalado, depositó ante la Cámara de Comercio un documento que simulaba la absorción mediante fusión de Costa Dorada, por la empresa Global Multibusiness Corporation, que beneficiaría con un 83.33% a Regalado, y un 17.67% a Ailec Paloma Soto Garabito.
Finalmente, el fraude que intenta apropiarse de los más de 6 millones de metros banilejos, beneficiaría a Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabitos, hija del coronel Ricardo Elías Soto Subero, y sus otros hijos: el teniente Reynaldo Elías Soto Sánchez, Ricky Soto Sánchez, Rissy Soto Sánchez y Brian Soto Sánchez.
El 21 de marzo de 2018, las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Co., Ltd. (propiedades de las familias Mayol y Serrano, y a la vez propietarias de Costa Dorada), se querellaron ante la Fiscalía del Distrito Nacional, con constitución en actor civil, en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez y Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
El 12 de octubre de 2020, el Noveno Juzgado de la Instrucción en funciones de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso medidas de coerción en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, y el 29 de ese mismo mes y año le fueron dictadas medidas cautelares a Ailec Paloma Soto Garabito y a Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Sin embargo, han atravesado un proceso judicial que califican como largo y angustioso.
Cinco fiscales estuvieron apoderados del caso, a quienes tuvieron que explicar nuevamente el caso desde la A hasta la Z.
La magistrada Elizabeth Tucent Hiraldo, procuradora fiscal del Distrito Nacional, presentó el 13 de abril de 2021 el acta de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Francesca Aguasvivas Báez, de asociación de malhechores, falsedad en escrituras privadas y uso de documentos privados falsos.
Asimismo, Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Company Ltd. presentaron acusación particular el 13 de julio de 2021, el ministerio público se adhirió a la de las acusadoras particulares.
El juez David Timoteo del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional excluyó a las víctimas del caso, alegando que aunque reconoce que son los verdaderos dueños del terreno, no tienen el derecho de reclamar, sino Costa Dorada misma, omitiendo que el único activo de Costa Dorada es el terreno.
También ordenó la apertura del juicio penal en contra de Rafael Olegario Helena Regalado y Ailec Paloma Soto Garabito, como coautores de los crímenes de asociación de malhechores y falsificación de escrituras auténticas y de comercio y favoreció con un auto de no ha lugar a la abogada Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
El imputado Helena Regalado presentó una recusación contra el pleno de los jueces de la primera sala de la corte de apelación del Distrito Nacional, también procedió a recusar a los 16 jueces que componen la cámara penal de la corte de apelación del Distrito Nacional, incluido el juez presidente.
Luego de distintos aplazamientos, el conocimiento de juicio de fondo ha sido fijado para el próximo 21 de diciembre. Las víctimas siguen sin ser incluidas en el juicio.
