Ángel Martínez apela medidas coercitivas por querellas de difamación; defensa rechaza pagar fianzas

Santo Domingo.– El comunicador Ángel Martínez apeló las medidas de coerción impuestas por dos tribunales del Distrito Nacional, tras ser acusado de difamación e injuria por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

El abogado de Martínez, Carlos Mesa, informó que no se realizará el pago de ninguna de las garantías económicas ordenadas, al tiempo que expresó confianza en que ambas decisiones serán revocadas por la Corte de Apelación. “Estas medidas no serán pagadas porque han sido debidamente apeladas y entendemos que serán anuladas”, afirmó.

En el caso de Faride Raful, el Primer Juzgado de la Instrucción impuso a Martínez una fianza de RD$500,000, impedimento de salida del país y presentación periódica. La ministra lo acusa de propagar información falsa y amenazar con divulgar supuestos videos íntimos a través de plataformas digitales.

Mientras tanto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción impuso una segunda medida coercitiva: una garantía económica de RD$3 millones contra el comunicador, en respuesta a otra querella de difamación presentada por Milagros De Camps Germán.

Más querellas en curso

A estas acusaciones se suman otras demandas legales contra Martínez. Entre ellas, una presentada por Sandra Eugenia de la Rosa, quien lo acusa de estafa y extorsión por presuntamente haberle sustraído US$300,000 haciéndose pasar por agente de la CIA y del FBI, entre 2013 y 2020.

También enfrenta una querella del diputado oficialista Sergio “Gory” Moya, quien en 2020 lo denunció por difamación tras ser vinculado con el narcotráfico en una de sus transmisiones en YouTube.

En Santiago, el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte inició un proceso judicial luego de que Martínez lo relacionara con actos de corrupción sin pruebas aparentes.

Las imputaciones que enfrenta el comunicador se enmarcan dentro de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal dominicano, que penalizan los delitos de difamación e injuria cometidos a través de medios electrónicos.