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SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, expresó preocupaciones sobre un posible conflicto de interés tras el nombramiento de Carlos Pimentel como director ejecutivo de las Alianzas Público-Privadas (DGAPP).
En una carta fechada el 3 de octubre y dirigida al presidente Luis Abinader y a Pimentel, Peralta enfatizó que aunque el nombramiento es legal, podría comprometer la objetividad en la toma de decisiones dentro del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas.
Peralta explicó que, según el numeral 5 del artículo 15 de la Ley núm. 47-20, el director general de Compras y Contrataciones Públicas tiene voz y voto en las decisiones del Consejo, especialmente en lo que respecta a la selección de adjudicatarios. En contraste, el director ejecutivo de la DGAPP solo tiene voz, lo que plantea un dilema si una misma persona ocupa ambos cargos.
El consultor jurídico argumentó que esta dualidad podría influir negativamente en las decisiones del Consejo, ya que el director de la DGAPP podría tener acceso a información sensible que afecte su capacidad para actuar de manera imparcial. «Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que estaría supervisando los mismos procesos de compras que ejecuta, comprometiendo su imparcialidad e independencia en la adjudicación de contratos», advirtió Peralta.
Además, citó la Ley 340-06, que establece que la DGCP debe regular y supervisar todos los procesos de contratación pública en la administración estatal, incluyendo aquellos gestionados por la DGAPP. También se refirió a la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, que establece la necesidad de una clara separación de funciones entre los órganos supervisores y aquellos operativos.
«Una situación en la que una misma persona supervise y ejecute podría socavar el principio de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema», concluyó Peralta, instando a una revisión del nombramiento para salvaguardar la integridad del proceso de contratación pública en el país.