Antonio Taveras propone reforzar la Ley de libertad de expresión eliminando penas de prisión por difamación

SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, sometió una propuesta de modificación a varios artículos de la Ley 74-25 con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa, así como adecuar los delitos contra el honor a principios de legalidad, proporcionalidad y protección de los derechos fundamentales.

Según explicó el legislador, la iniciativa busca evitar que disposiciones penales ambiguas o excesivas puedan convertirse en mecanismos que limiten el ejercicio legítimo de la opinión, la crítica y la difusión de información, al tiempo que procura un equilibrio entre el derecho al honor y las libertades públicas.

Entre los cambios planteados figura la modificación del artículo 208 sobre difamación, para que solo sea sancionable la atribución pública de hechos falsos que afecten la reputación de una persona. La propuesta elimina las penas de prisión para este delito y las sustituye por multas de entre tres y ocho salarios mínimos del sector público, además de la correspondiente indemnización por daños.

En relación con el artículo 209, que actualmente tipifica la denominada difamación extorsiva, Taveras Guzmán propone convertirla en una forma agravada de difamación. La iniciativa reduce la sanción vigente, que contempla penas de cinco a diez años de prisión, y establece en su lugar una pena de entre quince días y un año de prisión menor cuando la conducta sea utilizada para obtener ventajas indebidas o coaccionar a una persona.

Asimismo, la propuesta modifica el artículo 210 sobre injuria para restringir la intervención penal a conductas consideradas graves y realizadas con intención dolosa. En este caso también se eliminan las penas privativas de libertad y se mantienen únicamente sanciones económicas y la reparación civil correspondiente.

Otro de los cambios sugeridos recae sobre el artículo 212, con el propósito de impedir que infracciones relacionadas con el honor o la vida privada puedan derivar en el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus operaciones, la revocación de licencias o la incautación de equipos. El senador sostiene que este tipo de medidas resulta incompatible con los principios de libertad de prensa y expresión.

La propuesta también contempla la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionarios o servidores públicos. Taveras Guzmán argumentó que dicha figura concede una protección penal privilegiada a quienes ejercen funciones estatales, limita el escrutinio ciudadano y contradice el principio de igualdad ante la ley.

El legislador afirmó que las modificaciones buscan actualizar el marco jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales, fortaleciendo así la democracia y el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor.