Aplazan medida de coerción contra implicados en Operación Pandora para el próximo lunes

SANTO DOMINGO.- La audiencia para conocer la medida de coerción contra los implicados en la Operación Pandora, una presunta red criminal dedicada al tráfico de armas y municiones, fue reprogramada para el lunes 25 de noviembre a las 2:00 p.m. La decisión se tomó a solicitud de la defensa, debido al extenso volumen de pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), señaló que la defensa solicitó más tiempo para estudiar el expediente, que incluye evidencias sustanciales recopiladas durante meses de investigación.

Según el Ministerio Público, la red estaba compuesta por oficiales superiores de la Policía Nacional y civiles que utilizaban sus posiciones para sustraer, traficar y vender de manera clandestina municiones y pertrechos policiales. Las municiones, que incluían calibres de fusiles y cartuchos de goma, eran presuntamente comercializadas en Haití, violando reglamentos y protocolos internos para acceder a almacenes de municiones.

Un informe de auditoría realizado en octubre reveló un faltante alarmante en las municiones almacenadas. Entre los materiales desaparecidos se encontraron: 82,949 cartuchos calibre 12, 489,907 cápsulas calibre 9, 230,340 cápsulas calibre 5,56, 68,066 cartuchos de goma para escopetas, 59 gases lacrimógenos y 31 proyectiles calibre 37.

En total, la sustracción asciende a 908,001 municiones de diferentes calibres, cuya desaparición fue presuntamente ocultada por Narciso Antonio Féliz, uno de los principales acusados, quien habría ordenado no reportar el faltante.

El expediente detalla que los imputados enfrentan cargos por corrupción, tráfico ilícito de armas, y violación de normas de custodia y manejo de municiones. Entre los involucrados se encuentran oficiales superiores y subalternos que presuntamente crearon una organización criminal estructurada para el comercio ilegal de armas.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción para los acusados, argumentando que existen riesgos de fuga y posible obstrucción del proceso judicial.