Por qué no se detiene el tráfico ilegal pese a leyes severas y una supuesta “frontera vigilada”
En la República Dominicana, el discurso oficial insiste en que la frontera con Haití está bien custodiada, sin embargo, los hechos desmienten esa afirmación, ya que el flujo incesante de inmigrantes ilegales haitianos que penetran al territorio dominicano, muchas veces en autobuses, motocicletas y otros medios de transporte, revela una estructura de tráfico humano a través de una red de complicidad institucional.
El abogado Amadeo Peralta, reconocido por su activismo legal y su compromiso con temas nacionales, aseguró en el programa El Desclasificando la Problemática Haitiana del Grupo de Medios El Demócrata, que no hay voluntad real del Estado para frenar el tráfico de indocumentados.
“Aquí todo el mundo está robando”, denunció Peralta, al referirse a la corrupción que impera en torno al paso ilegal de personas por la frontera.
Según afirmó, el problema no es la falta de herramientas legales, sino la ausencia de interés para aplicar las leyes existentes.
“Cada vez que se detiene un autobús lleno de haitianos indocumentados, los responsables no son judicializados. Los conductores son liberados, los vehículos devueltos, y los inmigrantes, simplemente desaparecen del radar estatal”, sostuvo.
A pesar de los esfuerzos mediáticos del gobierno para proyectar control en la frontera, los caminos rurales y carreteras secundarias del suroeste y noroeste del país siguen siendo las rutas más utilizadas por redes de tráfico de personas.
Por tanto, este fenómeno no puede mantenerse sin el contubernio de militares, agentes de Migración, autoridades municipales y políticos, lo que convierte el tráfico humano en una maquinaria lucrativa de alcance nacional.
“¿Quién ha visto el sometimiento de tres o cuatro coroneles del Ejército por estos casos?”, cuestionó Francisco Tavárez a Peralta, a lo que este respondió: “el Ministerio Público apenas ha sometido a un sargento y un cabo en Montecristi durante el gobierno anterior. Eso es todo”.
La frontera está expuesta, no por falta de leyes, sino porque las redes delictivas cuentan con una red de protección de cuello blanco, desde políticos hasta empresarios del transporte, todos parecen encontrar beneficios en el silencio y la omisión. Las autoridades conocen las rutas, los vehículos y hasta los horarios de los traslados, pero rara vez actúan en consecuencia.
Ley 137-03: Una herramienta ignorada contra el tráfico de inmigrantes
Mientras se debate una nueva propuesta de ley para castigar con hasta 40 años de prisión el tráfico de inmigrantes, el país cuenta desde hace más de dos décadas con una legislación efectiva que permanece prácticamente inactiva: la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Promulgada en 2003, esta ley contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión para quienes se dediquen al tráfico de indocumentados, además de sanciones accesorias como el decomiso de bienes, vehículos, cuentas bancarias, propiedades, y la cancelación de licencias comerciales. Sin embargo, tanto la Dirección General de Migración como el Ministerio Público han ignorado su aplicación sistemática.
“Si aplicaran esa ley, el negocio se acaba”, afirma Peralta. “Permite incautar desde una motocicleta hasta un hotel completo si se demuestra que fueron usados para el tráfico de personas”.
La legislación va aún más lejos: responsabiliza no solo a choferes, sino también a los propietarios de las empresas de transporte, hoteles o negocios que faciliten la entrada ilegal de extranjeros.
Además, la ley establece agravantes para funcionarios públicos y militares que participen o faciliten el delito. Si un agente de Migración, un miembro de Aduanas o un militar utiliza su uniforme o un vehículo oficial para traficar personas, la pena puede aumentar drásticamente por traicionar la confianza del Estado.
Otro elemento clave es su vínculo con la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Esta última permite tipificar el tráfico de personas como una forma de crimen organizado, permitiendo al Estado perseguir no solo al ejecutor inmediato del delito, sino también a toda la estructura financiera que lo sostiene.
“Estamos hablando de una bomba jurídica que podría desarticular mafias completas”, destaca Peralta. Sin embargo, lo que predomina es la impunidad.
Las querellas casi nunca se presentan, a pesar de que la Ley 285-04 de Migración faculta explícitamente a la Dirección General de Migración a someter judicialmente a los responsables de este delito. El artículo 6 de esa ley es claro: toda persona que transporte, facilite o se beneficie del paso ilegal de inmigrantes debe ser perseguida penalmente.
