La orden de arresto emitida por el Ministerio Público (MP) como parte de la operación «Camaleón» señala que José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) utilizó las empresas Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para desviar fondos obtenidos de manera ilícita y realizar lavado de activos. El MP lo acusa de ser el principal responsable de un esquema corrupto que incluye usurpación de identidades empresariales, manipulación de fondos públicos y sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido en agosto de 2024.
Mientras que Hugo Beras es mencionado en como coautor de los hechos al facilitar el entramado de corrupción, además de se le atribuye de participar en la orquestación de en la licitación de la red semafórica y sistema de videovigilancia que le fue otorgada a la empresa de Jochy Gómez.
La investigación revela que, desde 2017, Gómez se benefició de varios contratos estatales, incluyendo uno con Dekolor S.R.L., co-gerenciada con Rogelio Ramón Oruña Aguilar, para la emisión de licencias de conducir, con ingresos superiores a RD$4,655 millones. Además, Gómez habría creado fraudulentamente Transcore Latam S.R.L. en 2022, usurpando la identidad de un ciudadano alemán para obtener contratos de modernización de la red semafórica.
El documento acusa también al exdirector del Centro de Control de Semáforos del INTRANT, Pedro Vinicio Padovani Báez, quien renunció para trabajar con Gómez, y al actual director del INTRANT, Hugo Beras, quien, según el MP, habría facilitado la sobreevaluación del proyecto semafórico de RD$104 millones a RD$1,200 millones, vinculándose con el esquema de corrupción.
Junto a Hugo Beras y Jochi Gómez se encuentran detenidos Frank Díaz, Samuel Gregorio Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de los “Más exitosos de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.