Asociaciones comunitarias acusan a constructora de destruir el cinturón verde y advierten riesgo en viviendas de Cuesta Brava

Yirian Ventura

SANTO DOMINGO.-Las asociaciones de vecinos de Cuesta Brava, Arroyo Manzano, Buena Vista y los residenciales San Francisco de Asís y San Sebastián VIII, IX y X denunciaron este martes la presunta inacción de las autoridades frente a los daños ambientales que, aseguran, ha provocado la constructora encabezada por el empresario Danny Santos Comprés con el desarrollo del proyecto habitacional “Balcones del Cerro”. La obra, compuesta por 168 apartamentos de tres habitaciones, se levanta en las inmediaciones del cinturón verde de Santo Domingo, un área protegida cuya intervención —afirman— vulnera disposiciones ambientales vigentes.

De acuerdo con los comunitarios, pese a que la Procuraduría habría ordenado un estudio técnico sobre el impacto de la construcción, entregado el pasado 5 de noviembre, los trabajos no han sido paralizados. Sostienen que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presenta “errores graves” y que la clasificación de uso de suelo otorgada por el ayuntamiento fue modificada irregularmente de categoría A a B, lo que permitió una mayor densidad constructiva. A su juicio, esta reclasificación afecta directamente el cinturón verde que bordea los residenciales y agravará el tránsito en la carretera de La Isabela, una vía de apenas dos carriles que ya presenta dificultades de acceso.

El abogado ambientalista Euren Cuevas Medina, director del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, afirmó que existen dos estudios de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que concluyen que los informes ambientales depositados para obtener los permisos habrían sido realizados en otra localidad —Nigua, San Cristóbal— y no en la zona intervenida. Según Cuevas, la comisión recomendó la paralización inmediata de los trabajos, la cancelación de los permisos ambientales y municipales, la restauración del daño causado y el sometimiento a la justicia de los responsables.

Los denunciantes calificaron la situación como un “ecocidio” y recordaron que el decreto 183-93 establece que en el cinturón verde solo se permiten viviendas unifamiliares de bajo impacto. En ese sentido, cuestionaron cómo se autorizaron edificios de tres y cuatro niveles en un área protegida. Cuevas sostuvo que, tratándose de un presunto delito flagrante, las autoridades no necesitan esperar investigaciones prolongadas para ordenar la suspensión de la obra, ya que la legislación ambiental es de carácter preventivo.

En medio de la protesta, el residente Francisco Roa mostró a los medios los daños que, según afirma, ha sufrido su vivienda como consecuencia directa de las excavaciones y movimientos de tierra. Señaló grietas visibles en paredes perimetrales, el desplazamiento progresivo de un muro colindante con la construcción y filtraciones que se agravan cada vez que llueve. “Anoche cayó un aguacero y el terreno volvió a ceder; la pared bajó más de una pulgada”, expresó, al advertir que el colapso de la estructura podría poner en riesgo a su familia. Aseguró que ha documentado con fotografías y videos el deterioro y que ha intentado comunicarse con los responsables de la empresa sin obtener respuesta.

Roa manifestó sentirse desesperado tras, según dijo, tres años de reclamos sin soluciones concretas. Criticó que en otras áreas los trabajos han sido detenidos, pero en el entorno de su vivienda continúan. “¿Van a esperar una desgracia para actuar?”, cuestionó, al tiempo que reiteró que ha acudido a la Fiscalía y otras instancias sin lograr la paralización definitiva de la obra. Las asociaciones reiteraron que no se oponen al desarrollo urbano, siempre que se ajuste a la ley y respete el medio ambiente, pero insistieron en que, de continuar la construcción sin correctivos, se profundizarán los daños ecológicos y estructurales denunciados por los residentes.