Avanzar sin triunfalismo en la lucha contra la corrupción

Francisco Tavárez

El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 sitúa a la República Dominicana entre los pocos países de América que han mostrado avances en la lucha contra este flagelo. El dato, sin duda, es significativo: de 33 países evaluados en la región, solo República Dominicana y Guyana lograron mejorar su puntuación. Sin embargo, celebrar este progreso sin matices sería un error. La corrupción sigue siendo una herida abierta que se manifiesta con especial crudeza en sectores vulnerables como la salud, donde los escándalos recientes recuerdan que este mal no ha desaparecido, sino que permanece latente.

El informe dibuja un panorama regional preocupante. América mantiene una puntuación media de 42 sobre 100, reflejando un estancamiento general. Doce países han empeorado considerablemente desde 2012, y naciones como Venezuela y Nicaragua continúan entre las más afectadas por redes de corrupción profundamente arraigadas. Incluso democracias consideradas estables muestran retrocesos. Esto confirma que la corrupción no es exclusiva de sistemas frágiles: puede infiltrarse en cualquier estructura institucional si no existen controles firmes y vigilancia constante.

En este contexto, el avance dominicano —un punto adicional hasta alcanzar 37— es más una señal de dirección que una meta alcanzada. Estar entre los pocos que mejoran no equivale a haber superado el problema. La cifra sigue por debajo del promedio regional y revela que el país aún enfrenta enormes desafíos para consolidar una cultura de transparencia. Los indicadores internacionales miden percepción, y la percepción se construye a partir de hechos concretos: investigaciones, sanciones, rendición de cuentas y políticas públicas coherentes.

El informe de Transparencia Internacional advierte que años de inacción gubernamental en la región han erosionado la democracia y facilitado el crecimiento del crimen organizado transnacional, afectando directamente los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad. La corrupción no es solo un problema moral o administrativo; es un obstáculo estructural para el desarrollo. Donde hay corrupción, hay hospitales deficientes, educación debilitada y oportunidades desiguales.

La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica: convertir esta leve mejora en un punto de inflexión. Para ello, el combate a la corrupción no puede depender de coyunturas políticas ni de gestos simbólicos. Debe convertirse en una política de Estado sostenida, con instituciones fuertes, independencia judicial real y mecanismos efectivos de control del gasto público. Cada avance debe traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía.

Compararse con países que han empeorado no debe servir de consuelo. El verdadero referente está en las democracias que han logrado construir sistemas más transparentes y confiables. La mejora dominicana debe entenderse como un primer paso dentro de un camino largo, donde la complacencia sería el mayor enemigo. La corrupción prospera en la sombra del triunfalismo y la indiferencia.

Celebrar avances es legítimo, pero hacerlo con sobriedad es una obligación cívica. La lucha contra la corrupción no se gana con un informe anual, sino con consistencia institucional, vigilancia social y voluntad política permanente. El país ha demostrado que puede avanzar. Ahora el reto es sostener ese avance, profundizarlo y convertirlo en una transformación real que fortalezca la democracia y proteja a los sectores más vulnerables.

Porque en última instancia, la corrupción no se mide solo en estadísticas: se mide en la calidad de vida de la gente.