Bien hecho procuradora Yeni Berenice Reynoso: La justicia como derecho, no como privilegio

Francisco Tavárez

En un país donde el acceso a la justicia muchas veces ha estado condicionado por la capacidad económica de las personas, el anuncio realizado por la procuradora Yeni Berenice Reynoso marca un paso significativo hacia la equidad judicial.

La presentación de 37 nuevas oficinas del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) y la juramentación de más de cien abogados para brindar asistencia penal totalmente gratuita constituyen una iniciativa que puede transformar la manera en que las víctimas acceden al sistema judicial.

El objetivo es claro: garantizar presencia institucional en cada provincia y en los principales municipios cabecera del país, ofreciendo representación profesional a quienes han sido víctimas de delitos y no cuentan con recursos para contratar un abogado privado.

Durante décadas, una de las grandes desigualdades del sistema judicial dominicano ha sido precisamente esa: la brecha entre quienes pueden pagar una defensa o representación legal de alto nivel y quienes, sencillamente, no tienen cómo hacerlo. En un país donde millones de ciudadanos viven bajo la línea de pobreza, el acceso a la justicia no puede seguir dependiendo del dinero.

El fortalecimiento de Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas representa un intento concreto por cerrar esa brecha. No se trata solo de crear oficinas, sino de establecer un sistema que acompañe a las víctimas, que las escuche y que las represente con dignidad dentro del proceso penal.

También implica un cambio de enfoque en el rol del Ministerio Público de la República Dominicana. Más allá de perseguir el delito, la institución busca reforzar la protección efectiva de quienes han sufrido una infracción penal, humanizando el sistema y recordando que detrás de cada expediente hay una persona que espera justicia.

Naturalmente, el verdadero desafío será la ejecución. La cobertura territorial, la calidad del servicio, la independencia profesional de los abogados y la continuidad del programa serán factores clave para que esta iniciativa no se quede en un anuncio, sino que se convierta en una política pública sostenible.

Pero el mensaje que envía este paso es claro: la justicia no debe ser un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Debe ser un derecho garantizado para todos.

Y cuando el Estado da pasos para reducir esa desigualdad, no solo fortalece el sistema judicial. También fortalece la democracia.