Por Rafael Barón Duluc
Ayer, millones de ciudadanos en Europa vivieron en carne propia los efectos de un evento que, aunque momentáneo, dejó una huella imborrable: un apagón masivo que paralizó servicios, afectó infraestructuras estratégicas y desnudó las fragilidades de los sistemas modernos en los que se sostiene la vida contemporánea. No hubo bombas ni catástrofes naturales. Bastó un fallo en la red eléctrica para recordarnos que, sin protección efectiva de nuestras infraestructuras críticas, todo el andamiaje de la sociedad puede tambalearse.
Hoy, en la República Dominicana, tenemos la oportunidad —y la responsabilidad— de actuar antes de que sea demasiado tarde. Con ese espíritu, hemos sometido ante el Senado de la República un proyecto de ley vital: la Ley sobre el Uso y Protección de Instalaciones Críticas. Su propósito es claro: identificar, resguardar y regular el funcionamiento de infraestructuras esenciales cuya interrupción pondría en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad del país.
Cuando hablamos de instalaciones críticas no nos referimos solo a edificios o estructuras físicas. Nos referimos al sistema nervioso del país: plantas eléctricas, hospitales, aeropuertos, centros de telecomunicaciones, presas, sistemas de agua potable, redes de transporte. En tiempos de paz o de crisis, estos nodos sostienen la vida colectiva, el orden público y el desarrollo económico. Un fallo en ellos no es un simple incidente; puede convertirse en una emergencia nacional.
Este proyecto propone establecer protocolos de seguridad, medidas preventivas, vigilancia tecnológica, planes de contingencia y sistemas de respuesta rápida ante amenazas físicas, naturales o cibernéticas. No podemos ignorar que el mundo actual está interconectado por redes complejas, y que la guerra moderna —sea por intereses, errores humanos o ataques dirigidos— puede golpear sin una sola bala, simplemente apagando un servidor, manipulando un código, o afectando una estación clave de energía.
La ley que proponemos forma parte de un paquete legislativo mayor, que busca transformar el enfoque dominicano hacia la seguridad integral y la prevención real. Junto a ella, hemos depositado otros tres proyectos: la Ley de Seguridad Integral en Infraestructuras de Uso Público, la Ley sobre Protocolos de Actuación en Caso de Emergencias y Desastres, y la Ley sobre Educación en Prevención y Seguridad desde las Escuelas. Juntos forman un bloque legislativo coherente, moderno y necesario.
No se trata de legislar por reacción. Se trata de legislar con visión. Una visión que comprenda que los desafíos del siglo XXI no esperan. Que comprenda que proteger nuestras infraestructuras críticas no es solo un tema técnico, sino una expresión concreta del deber del Estado de proteger a su pueblo. Que comprenda que prevenir no es un lujo, sino una obligación moral y patriótica.
Blindar lo esencial es proteger el corazón mismo de la Nación. Por eso, desde el Senado, reafirmamos nuestro compromiso con una República Dominicana más segura, más preparada y más fuerte ante los desafíos del presente y del futuro.