Cámara de Cuentas: Incentivos, memoria corta y deuda con la confianza pública

Francisco Tavárez

Las declaraciones de la doctora Emma Polanco, en su condición de presidenta del pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no pueden pasar como un simple malentendido semántico entre “aumento salarial” e “incentivos”. Lo ocurrido va más allá de una discusión de términos: revela una preocupante desconexión con la realidad nacional y con la naturaleza del cargo que se ostenta.

Hablar de incentivos de hasta un 50% para los miembros del pleno, en un país donde la mayoría de los servidores públicos enfrenta limitaciones salariales y donde la ciudadanía exige austeridad, transparencia y resultados, resulta inoportuno y difícil de justificar. No se trata de negar la importancia del trabajo que realiza la Cámara de Cuentas, sino de recordar que su función —auditar, fiscalizar y vigilar el uso de los recursos públicos— no es un mérito extraordinario, sino su razón de existir.

Más aún, pretender sustentar estos incentivos en comparación con gestiones anteriores, señalando una mayor cantidad de auditorías, desvía el debate de fondo. La cantidad no sustituye la calidad, ni mucho menos repara la deuda histórica de credibilidad que arrastra la institución. La Cámara de Cuentas no está llamada a competir con su pasado, sino a superarlo con hechos verificables, independencia real y resultados que fortalezcan la confianza pública.

Lo ocurrido también pone en evidencia una constante que ha marcado a distintos plenos a lo largo de los años: la repetición de errores. Aumentos, privilegios, cuestionamientos éticos… una narrativa que se recicla y que termina debilitando aún más una institución clave para el sistema democrático. La memoria institucional parece diluirse con cada nueva gestión.

Que la medida haya sido revertida tras el rechazo social no debe verse como una solución definitiva, sino como un síntoma de que aún persiste una forma de gestionar de espaldas al ciudadano. La rectificación es necesaria, pero no suficiente.

Hoy, más que explicaciones, lo que el país espera de la Cámara de Cuentas —y de su presidenta— es coherencia. Coherencia entre discurso y acción, entre responsabilidad y prudencia, entre poder y servicio.

Porque en una institución llamada a vigilar el uso correcto de los fondos públicos, cada decisión interna también es, inevitablemente, un acto de rendición de cuentas