Por David Ruiz
La reciente decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de recomendar la cancelación de la licitación para la implementación de pasaportes biométricos ha levantado una serie de interrogantes en torno a la transparencia y la integridad del proceso. Lo que inicialmente fue presentado como un procedimiento para asegurar un mayor control en las contrataciones públicas, ahora parece estar envuelto en una trama que sugiere irregularidades y un posible acto de corrupción en su origen.
El uso de pasaportes biométricos es una necesidad ineludible en el mundo actual, especialmente en un país que busca integrarse cada vez más a los estándares internacionales de seguridad y movilidad. La modernización de los sistemas de identificación ofrece múltiples beneficios, como la reducción de fraudes, un control fronterizo más eficaz y la protección de los datos personales de los ciudadanos. Sin embargo, la manera en que se ha manejado esta licitación pone en duda la capacidad del Estado para garantizar un proceso limpio, equitativo y transparente.
Lo que más preocupa es que, de las 25 empresas que inicialmente mostraron interés, solo dos llegaron a la etapa final de presentación de ofertas. Esta escasa participación es, en sí misma, un síntoma de un proceso fallido. La DGCP ha señalado que hubo indicios claros de que no se respetaron principios básicos como la igualdad y la libre competencia, sugiriendo que las condiciones no fueron suficientemente claras o justas para los posibles oferentes.
Un punto que no puede pasarse por alto es el papel de la Dirección General de Pasaportes (DGP) en este proceso. Aunque la suspensión temporal fue solicitada por la propia institución, surge la duda de por qué no se actuó antes. La licitación fue iniciada durante la gestión de Digna Reynoso, y apenas dos días después de la entrada del nuevo director, Lorenzo David Ramírez Uribe, se decidió suspenderla. Este apresuramiento por desligarse de la administración anterior plantea la posibilidad de que las nuevas autoridades hayan identificado rápidamente fallos o incluso maniobras irregulares que debían ser detenidas antes de que se convirtieran en un escándalo público.
Este escenario nos deja con una pregunta crucial: ¿estamos ante un intento real de corregir errores pasados y fortalecer la transparencia, o simplemente se ha destapado un esquema de corrupción que ya había comenzado a gestarse? Es un momento decisivo para el sistema de contrataciones públicas en la República Dominicana, y la forma en que se maneje este caso sentará un precedente sobre la manera en que se manejan los fondos públicos.
Lo que está en juego no es solo la adquisición de tecnología de punta para la emisión de pasaportes, sino algo mucho más profundo: la confianza del pueblo en sus instituciones. Si no se corrigen las irregularidades señaladas y no se garantizan procedimientos justos en futuras licitaciones, la ciudadanía continuará perdiendo fe en la capacidad del Estado para gestionar eficientemente los recursos públicos. La transparencia no puede seguir siendo una promesa vacía; debe convertirse en una realidad palpable y verificable.
Este episodio, aunque preocupante, también puede ser visto como una oportunidad. La nueva gestión tiene la posibilidad de reescribir la historia y demostrar que es posible hacer las cosas bien. De lo contrario, el riesgo es perpetuar un sistema donde el oportunismo y las prácticas desleales prevalezcan sobre los intereses colectivos. Solo el tiempo y las acciones de las autoridades demostrarán si estamos ante un avance hacia la transparencia o si, lamentablemente, este es solo otro capítulo en la larga lista de contrataciones malogradas en el país.
