LA ROMANA.- El caso de desfalco de más de 200 millones de pesos al Ayuntamiento de La Romana, ocurrido durante la gestión del exalcalde Juan Antonio Adames, lleva 11 años sin resolverse en los tribunales del este del país y este viernes la defensa de Rafael Augusto Rocha Trinidad, extesorero del ayuntamiento, recusó a los jueces del Tribunal Colegiado de La Romana tras la negativa del tribunal a varios incidentes que buscaban dilatar el proceso.
Los acusados en este caso incluyen a Juan Antonio Adames Bautista (Tony), Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes, Francisco Severino Nolasco, y Michael Ferreyra Berroa, quienes ocupaban diversos cargos en el ayuntamiento, como alcalde, tesorero, encargado de compras y de obras municipales. Todos enfrentan cargos por falsificación, uso de documentos, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en perjuicio del Estado dominicano.
A pesar de que todas las condiciones parecían estar dadas para que la audiencia se desarrollara sin contratiempos, con la presencia de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán, y los testigos necesarios, la recusación presentada por la defensa de Rocha Trinidad volvió a frenar el proceso. Este tipo de tácticas dilatorias ha sido una constante en el caso, que ha sido reprogramado en más de 100 ocasiones.
Inicialmente, el juicio se conocía en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís debido a que Tony Adames ocupaba el cargo de alcalde hasta abril de este año. Tras su salida del puesto, el expediente fue transferido al Tribunal Colegiado de La Romana, donde los intentos de retrasar el juicio han continuado, extendiendo una historia que parece no tener fin.
La acusación
La PEPCA acusa a Tony Adames y su equipo de desfalcar al Ayuntamiento de La Romana entre 2010 y 2016. Según la fiscalía, los cargos incluyen falsificación y uso de documentos, prevaricación y asociación de malhechores. El expediente número 334-2022-EPEN-00896 se sustenta en la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano.
Inicialmente, a Adames se le impuso prisión domiciliaria como medida de coerción, la cual fue cambiada en 2017 a presentación periódica e impedimento de salida del país. Sin embargo, a más de una década del inicio de las investigaciones, el proceso judicial sigue sin resolverse.