Caso de menores rescatados en Haina genera cuestionamientos a CONANI y reclamos de sanciones

Vanessa Valdez

SANTO DOMINGO.-El rescate de varios menores de edad de un centro ubicado en Haina generó reacciones y cuestionamientos entre diputados de distintos sectores políticos, quienes demandaron esclarecer cómo las presuntas irregularidades pudieron continuar, pese a una intervención previa de las autoridades.

La diputada de la Fuerza del Pueblo, Selinée Méndez, señaló que, de acuerdo con lo que afirmó, el centro había sido intervenido por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) hace aproximadamente un año.

Méndez sostuvo que, a pesar de esa intervención, las presuntas prácticas denunciadas habrían continuado hasta que uno de los menores escapó y alertó a las autoridades.

Desde la oposición, los legisladores cuestionaron los mecanismos de vigilancia aplicados a las instituciones encargadas de atender a niños en situación de vulnerabilidad y plantearon la necesidad de determinar responsabilidades por las condiciones en las que presuntamente se encontraban los menores.

En ese sentido, el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, y la diputada Rafaela González se pronunciaron sobre la situación y reclamaron respuestas ante lo ocurrido.

Los diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) también condenaron los hechos denunciados y plantearon que deben establecerse consecuencias severas para quienes sean encontrados responsables.

La diputada Jackeline Montero manifestó su rechazo ante la situación, mientras que los legisladores Carlos Sánchez y Luis Gómez señalaron la importancia de fortalecer los controles destinados a prevenir situaciones similares.

Los congresistas coincidieron además en que lo ocurrido debe impulsar una revisión de los mecanismos de prevención, vigilancia y supervisión aplicados a los centros y fundaciones que reciben o trabajan con menores de edad.

Los diputados de oposición también pidieron al Gobierno cumplir con su responsabilidad de garantizar la protección de niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad y reforzar la fiscalización de las entidades que atienden a esta población.