¿Cómo se reforma una institución cuyo ADN parece estar marcado por la violencia?

Francisco Tavárez

La muerte de un joven a manos de un agente de la Policía Nacional en Guajimía no puede despacharse como un "hecho aislado". Tampoco basta con anunciar una investigación, suspender al responsable o reiterar que se actuará conforme a la ley. Esas respuestas las hemos escuchado demasiadas veces y, sin embargo, los episodios de brutalidad policial continúan repitiéndose con una alarmante regularidad.

La pregunta de fondo es mucho más incómoda: ¿cómo se reforma una institución cuya cultura organizacional parece haber normalizado el uso excesivo de la fuerza?

Toda institución desarrolla una identidad. Esa identidad no está escrita en los reglamentos, sino en las prácticas que se transmiten de generación en generación. Cuando un policía aprende que un ciudadano que protesta es un enemigo, que la desobediencia se responde con violencia y que el arma es la forma más rápida de imponer autoridad, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural.

No se trata de afirmar que todos los policías sean violentos. Sería una injusticia para los muchos agentes honestos que cumplen su deber con dignidad. Pero tampoco puede ignorarse que existe una cultura institucional que, durante décadas, ha permitido que la violencia se reproduzca sin que las reformas logren erradicarla.

El caso de Guajimía resulta particularmente preocupante porque las imágenes muestran un incidente que, en principio, debía resolverse mediante técnicas de control físico y protocolos de reducción de riesgos. En cambio, terminó con un disparo mortal. Esa transición casi automática del forcejeo al uso del arma de fuego evidencia graves deficiencias en la formación, en el autocontrol y en la supervisión de los agentes.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó recientemente que "ningún uniforme puede ser escudo para la impunidad". La frase es correcta. Es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con ella. El problema es que las palabras, por sí solas, ya no alcanzan.

Los dominicanos llevan años escuchando discursos similares de distintos gobiernos. Todos prometen transformar la Policía Nacional. Todos condenan los abusos. Todos aseguran que no habrá impunidad. Sin embargo, la frecuencia con que siguen ocurriendo estos hechos hace que esas declaraciones corran el riesgo de convertirse en simples consignas políticas.

Porque la verdadera prueba de esa afirmación no está en las ruedas de prensa, sino en los tribunales, en las sanciones ejemplares, en la depuración efectiva del cuerpo policial y, sobre todo, en la reducción sostenida de los abusos.

Si un uniforme no puede ser escudo para la impunidad, entonces tampoco puede ser licencia para ejercer una autoridad sin controles.

La reforma policial no puede limitarse a cambiar manuales, renovar patrullas o impartir cursos sobre derechos humanos. Una institución cambia cuando modifica los incentivos que moldean el comportamiento de sus miembros. Si un agente sabe que disparar injustificadamente le costará la carrera, la libertad y todos sus privilegios, el mensaje institucional comienza a transformarse. Pero si percibe que, al final, la corporación terminará protegiéndolo o que las consecuencias serán mínimas, la violencia seguirá siendo vista como una herramienta aceptable.

También resulta indispensable revisar los procesos de selección y evaluación psicológica. No cualquier persona está preparada para portar un arma y ejercer autoridad sobre otros ciudadanos. El autocontrol, la estabilidad emocional y la capacidad para resolver conflictos sin recurrir a la violencia deberían ser condiciones indispensables para ingresar y permanecer en la institución.

La confianza ciudadana no se recupera con campañas publicitarias. Se recupera cuando la población deja de temerle a quienes tienen la obligación de protegerla.

Cada nuevo caso de brutalidad policial no solo destruye una familia; también erosiona la legitimidad del Estado y debilita el pacto social. Cuando un ciudadano percibe que el mayor peligro durante una intervención policial puede provenir precisamente del agente encargado de garantizar su seguridad, el problema trasciende el ámbito policial y se convierte en una crisis de Estado.

La República Dominicana necesita una Policía fuerte, profesional y respetada. Pero el respeto nunca se construye sobre el miedo. La autoridad nace de la legitimidad, del profesionalismo y del estricto respeto a la ley.

Mientras la violencia siga apareciendo con tanta frecuencia en las actuaciones policiales, la gran pregunta permanecerá abierta: ¿estamos frente a agentes que incumplen las reglas o frente a una institución que todavía no ha logrado desprenderse de una cultura donde la fuerza sigue imponiéndose sobre el derecho?

Y esa es la pregunta que ninguna reforma puede seguir posponiendo.