Con el caso de Wander Franco no fueron “francos”.

Francisco Tavárez

La justicia, cuando es ciega, corre el peligro de volverse insensible; pero cuando abre los ojos y contempla el privilegio, se torna cómplice. El reciente fallo judicial que otorga el beneficio del perdón judicial al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, tras ser hallado culpable de agresión sexual contra una menor de edad, para mí abre una profunda grieta en el tejido moral y legal de la República Dominicana. Este veredicto no solo estremece la conciencia colectiva, sino que nos obliga a interrogar, desde la filosofía del derecho, a quién protege realmente el escudo de la ley.

Conforme a lo que he investigado del perdón judicial, una figura que desconocía, desde una perspectiva estrictamente doctrinal, el perdón judicial se erige en el Código Procesal Penal dominicano como una medida de clemencia humanitaria. Está concebido para aquellos laberintos jurídicos donde el delito es un error mínimo, una falta de insignificante daño social y cuya pena imponible no supere los cinco años. Es la ley vistiéndose de piedad ante la bagatela, ante el infractor sin malicia que tropieza en la periferia de la norma.

Sin embargo, aplicar esta huella jurídica al cuerpo dolido de una menor de edad es un ejercicio de piruetas legales insostenible. ¿Cómo puede catalogarse de "insignificante" la vulneración de la infancia? ¿En qué momento la dignidad de una niña se convirtió en un asunto de poca relevancia? Al subsumir la agresión sexual bajo el manto del perdón, la judicatura desnaturaliza la esencia misma de la norma, transformando una herramienta de equidad en un salvoconducto de impunidad.

"La ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, por igual, al rico y al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan", ironizaba Anatole France.

El caso de Wander Franco parece confirmar la sospecha más amarga de la filosofía jurídica crítica: que el derecho penal es una red diseñada para atrapar a los descalzos y dejar pasar a los poderosos. Cuando el banquillo de los acusados lo ocupa una luminaria del deporte, rodeada de la opulencia que otorgan los contratos millonarios, la severidad del Estado parece disolverse en tecnicismos benévolos.

Si el infractor hubiese sido un ciudadano común, un hijo del anonimato y la miseria, el peso de la ley habría caído con una verticalidad implacable. La sentencia ejemplarizante, esa que el cuerpo social exigía para restañar la herida y enviar un mensaje inequívoco de protección a la niñez, fue canjeada por una benevolencia procesal que resulta ofensiva.

Si bien comulgo con la pena impuesta a la madre por dedicarse a prostituir su hija, tildar de víctima a Wander Franco lo entiendo un adefesio.

Este fallo sienta un precedente funesto en la jurisprudencia nacional. Al otorgar el perdón judicial en un escenario de asimetría de poder y vulnerabilidad absoluta, la justicia dominicana no solo ha fallado en su deber de protección, sino que ha validado una pedagogía del desamparo: le ha dicho a las víctimas que su dolor es transable y a los victimarios poderosos que su estatus es un escudo protector.

La ley debió ser el faro que iluminara la noche de los más débiles; hoy, lamentablemente, se ha convertido en la sombra que justifica el privilegio.