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SANTO DOMINGO.- El pasado lunes, el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), junto a Fòs Feminista, Women Enabled International y Women’s Link Worldwide, denunciaron que Flor, madre de una adolescente de 14 años con discapacidad que fue abusada sexualmente y se encuentra embarazada de su agresor, no tiene permitido ver a su hija.
En respuesta a estas denuncias, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) aclaró hoy la situación, explicando que la menor está bajo protección debido a su situación de vulnerabilidad y riesgo, ya que el abuso ocurrió mientras estaba bajo la tutela de su madre.
CONANI detalló que, tras la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación y acción judicial contra el responsable señalado, lo que llevó a solicitar una orden de protección a favor de la adolescente. Según la sentencia civil No. 443-2024-SSEN-00087, se consultó a la madre sobre la decisión de poner a la menor bajo protección, y ella estuvo de acuerdo, reconociendo que no tenía las condiciones para cuidarla adecuadamente.
Además, el consejo explicó que, al tratarse de una investigación penal en curso y considerando que el agresor presuntamente pertenece al círculo cercano de la madre, la protección de la menor es prioritaria. El Ministerio Público tomó estos elementos en cuenta al solicitar la medida de protección, para salvaguardar el bienestar y la integridad de la adolescente.
En cuanto a las visitas, CONANI informó que la menor fue ingresada en un hogar de paso el 4 de septiembre de 2024, como parte del cumplimiento de la sentencia de agosto del mismo año. Flor, la madre, ha podido visitarla en dos ocasiones: el 30 de septiembre y el 22 de octubre. Las visitas, que se organizan de acuerdo con la normativa del CONANI, permiten a la madre comprobar el estado físico y emocional de su hija y despejar cualquier inquietud.
El pasado 11 de octubre, un juez ratificó la medida de protección y estableció que las visitas serán cada 15 días a petición de la madre. CONANI reiteró su compromiso de velar por los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en el país, garantizando su protección, especialmente en contextos familiares vulnerables.