Condenan a 15 años de prisión a la pastora Rossy Guzmán por su rol en la red del caso Coral

SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional asestó un nuevo golpe a la corrupción administrativa al condenar a 15 años de prisión a la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora Rossy”, tras hallarla culpable de integrar el entramado ilícito desmantelado mediante la Operación Coral.

La sentencia fue dictada por las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, quienes acogieron las pruebas presentadas por el Ministerio Público, estableciendo la participación activa de Guzmán Sánchez dentro de la estructura encabezada por el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

De acuerdo con el expediente acusatorio, la condenada incurrió en lavado de activos, testaferrato y ocultamiento de bienes provenientes del desvío de fondos públicos. Las investigaciones revelan que la red movilizó más de RD$4,500 millones desde instituciones estatales como el CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

El Ministerio Público sostuvo que la denominada “Pastora Rossy” utilizó empresas, estructuras religiosas y otros mecanismos para encubrir propiedades y recursos vinculados al entramado, además de fungir como presunta prestanombre en proyectos inmobiliarios asociados a Cáceres.

Esta condena se enmarca dentro de una de las decisiones judiciales más relevantes en materia de corrupción en la historia reciente del país. En el mismo proceso, el tribunal también impuso 20 años de prisión a Adán Cáceres Silvestre, al determinar una marcada discrepancia entre sus ingresos y el patrimonio acumulado durante el período investigado.

Durante el juicio de fondo, el Ministerio Público presentó más de 3,500 pruebas entre documentales, periciales y testimoniales, que sustentaron la responsabilidad penal de los implicados.

La lectura íntegra de la sentencia y las decisiones relativas a los demás acusados continuará conforme al calendario establecido por el tribunal, en un proceso que marca un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana.