Conocerán medida de coerción del caso SeNaSa este jueves

SANTO DOMINGO.- La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este jueves, a las 2:00 de la tarde, la medida de coerción contra los diez acusados de integrar la presunta estructura que habría desviado más de RD$15,000 millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), caso denominado por el Ministerio Público como “Operación Cobra”.

La audiencia, que originalmente estaba pautada para el lunes, fue reprogramada por el juez Rigoberto Sena para permitir que las defensas prepararan sus argumentos, mientras los detenidos permanecen recluidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los imputados son el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim; así como Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Heidi Mariella Pineda Perdomo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
La acusación incluye asociación de malhechores, sobornos, falsificación de documentos, adulteración de estados financieros, estafa, desfalco y lavado de activos, presuntos delitos cometidos desde el interior de la estructura directiva del seguro estatal.

En medio del proceso judicial, la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, calificó el caso como “una herida abierta en lo más profundo del pueblo dominicano”, al considerar que la corrupción en el sistema de salud impacta el acceso a medicamentos, diagnósticos y servicios esenciales.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante el reconocimiento a la periodista Edith Febles, donde enfatizó que la lucha contra la corrupción “no es técnica, es profundamente humana”.

El expediente del Ministerio Público sostiene que varios de los acusados realizaron operaciones patrimoniales incompatibles con su capacidad económica. Entre ellas, destaca un pent-house valorado en RD$44.6 millones, de 579 metros cuadrados, presuntamente utilizado por el imputado Germán Rafael Robles Quiñones sin pagar alquiler, mediante contratos simulados.
Según la acusación, la propiedad fue saldada con transferencias superiores a US$790,000, sin beneficios reales para la empresa que figuraba como arrendadora.

La pesquisa se activó tras informes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que detectaron irregularidades en varias áreas de SeNaSa.
A partir de estos hallazgos, el Ministerio Público realizó múltiples diligencias y, el pasado fin de semana, ejecutó 12 allanamientos simultáneos, que culminaron con el arresto de los implicados, incluido el exdirector Hazim, quien fue interrogado por más de cuatro horas antes de quedar bajo custodia.

El órgano acusador sostiene que el entramado se consolidó tras la llegada de Hazim a la dirección ejecutiva en agosto de 2020, cuando se habría articulado un grupo de colaboradores para diseñar maniobras fraudulentas continuadas en el tiempo.

Dentro del plazo legal de 48 horas, la Procuraduría depositó la solicitud de medida de coerción, en la que solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso afirmó que los hechos representan “una agresión directa al derecho constitucional a la salud”, por involucrar fondos destinados a la atención de la población más vulnerable.

Mientras avanza el proceso, algunos abogados han reaccionado públicamente.
La defensa del empresario Eduardo Read asegura haber entregado más de 1,250 documentos en colaboración con la investigación. Por su parte, representantes del exdirector Hazim afirman que este “no tiene nada que ocultar” y desmontarán las imputaciones.

La procuradora también negó que algunos de los implicados hayan negociado la devolución de miles de millones de pesos, como ha circulado en redes sociales, y adelantó que habrá una segunda etapa de la Operación Cobra, con nuevas diligencias, posibles allanamientos y otros arrestos.