Consenso o aplicación inmediata, el dilema que marca el futuro del Código Penal

Yolanda Urbano

SANTO DOMINGO.- Mientras el debate sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal continúa generando posiciones encontradas, reconocidos abogados y expertos del sistema de justicia coincidieron en que la normativa representa una necesidad para el país, aunque discrepan sobre si debe ser revisada antes de su aplicación o corregirse una vez entre en vigor.

El abogado Francisco Álvarez consideró que no existe una urgencia que justifique aprobar el Código Penal sin agotar una discusión más amplia sobre los aspectos que aún generan preocupación. A su juicio, el país ha funcionado durante años con la legislación vigente, por lo que aplazar unas semanas la entrada en vigor permitiría corregir disposiciones que podrían provocar conflictos en su aplicación.

Álvarez advirtió que resulta prudente revisar los artículos relacionados con la difamación, la injuria y otros delitos contra el honor, al entender que algunas penas propuestas, de hasta diez años de prisión, podrían ser desproporcionadas.
No obstante, manifestó que sí respalda sanciones más severas cuando se trate de difamación extorsiva, por considerar que en esos casos la conducta trasciende el delito de opinión y constituye un mecanismo de extorsión.

En la misma línea, el jurista Merlín Mateo sostuvo que todavía existen disposiciones con un alto nivel de ambigüedad que podrían afectar la seguridad jurídica. Indicó que el Código Penal debe aprobarse con el mayor consenso posible entre los sectores políticos, sociales y técnicos, debido a que constituye el principal instrumento de política criminal del Estado.

Mateo afirmó que, aunque el proyecto ha sido objeto de modificaciones, aún quedan aspectos que requieren una revisión para evitar interpretaciones imprecisas que puedan derivar en procesos judiciales cuestionables.

En contraste, otros abogados defendieron que el nuevo Código Penal entre en vigencia sin más aplazamientos.

Argumentaron que la legislación incorpora figuras delictivas que actualmente no están contempladas en el ordenamiento jurídico dominicano, como nuevas modalidades de ciberdelitos, el cyberbullying, las estafas con criptomonedas, la obstrucción a la justicia por particulares y otras conductas asociadas al avance tecnológico.

Los juristas señalaron que el debate sobre la difamación y la injuria no debe retrasar una reforma esperada durante años. Sin embargo, coincidieron en que las penas por estos delitos deben guardar proporcionalidad y ajustarse a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para garantizar la libertad de expresión.

Asimismo, plantearon que, una vez el Código Penal entre en vigencia, se conforme una comisión de seguimiento encargada de evaluar su aplicación práctica en los tribunales y proponer las modificaciones que resulten necesarias a partir de la experiencia judicial.