Por: Vanessa Vadez
SANTO DOMINGO. – La Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS) manifestó este lunes su preocupación por el proyecto que actualmente estudia el Congreso Nacional para modificar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
La organización alertó sobre al menos cuatro artículos que, de no ser revisados, podrían tener serias implicaciones para el sector proveedor y el desarrollo económico del país.
Durante una rueda de prensa realizada en un hotel de la capital, el presidente de la ACS, Zoilo Taveras, explicó que han identificado disposiciones que otorgan facultades discrecionales a organismos estatales, imponen restricciones inadecuadas y aplican sanciones desproporcionadas, sin considerar la realidad del sector.
“Es importante resaltar que estas inquietudes y propuestas han sido presentadas a la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley en la Cámara de Diputados”, afirmó Taveras.
Entre los puntos críticos del proyecto, Taveras destacó:
1. Artículo 11, numeral 21:
Según la ACS, este artículo otorga a la Dirección General de Contrataciones Públicas amplias facultades para requerir información, incluso a personas no vinculadas directamente con procesos de contratación. Esto, según Taveras, podría derivar en abusos y vulnerar derechos fundamentales.
2. Artículo 111:
Este artículo restringe el retiro o modificación de propuestas tras la apertura técnica, sin contemplar situaciones de fuerza mayor o errores involuntarios, lo cual podría penalizar injustamente a los proveedores.
3. Artículo 152:
La iniciativa limita la subcontratación al 30%, una disposición que la ACS califica como inadecuada, especialmente en sectores como la construcción, donde la subcontratación es esencial para la ejecución eficiente de proyectos.
4. Artículo 4:
El presidente de la ACS criticó las sanciones de inhabilitación de hasta diez años por incumplimientos, señalando que no se consideran factores externos, como retrasos en pagos estatales o permisos gubernamentales.
Asimismo, Taveras señaló que el proyecto no incorpora las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) respecto a prácticas colusorias y acuerdos anticompetitivos, que son fundamentales para garantizar la libre competencia en los procesos de compras.
“Lejos de fomentar la participación inclusiva y una gestión eficiente en la adquisición de bienes y servicios del Estado, estas disposiciones introducen obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor”, advirtió el presidente de la ACS.
Taveras reiteró el compromiso de la entidad de participar activamente en el debate legislativo para lograr un marco normativo justo y funcional.
“Abogamos por una ley que equilibre la eficiencia con la equidad, garantizando un proceso transparente y sostenible que beneficie a todos los actores de la economía nacional”, concluyó.