Contrato entre empresa de Jochi Gómez y Ministerio de Defensa revela riesgos para la seguridad nacional

SANTO DOMINGO.- Un controversial contrato de "cooperación" firmado entre la empresa Aurix, propiedad de José Manuel Gómez Canaán (Jochi), actualmente imputado, y el Ministerio de Defensa, ha sido señalado por múltiples irregularidades que ponen en riesgo la seguridad nacional de la República Dominicana. Según un reportaje de N Investiga, el acuerdo presenta múltiples vacíos legales, ambigüedades y posibles violaciones a la ley.

Entre las principales preocupaciones destaca la falta de un monto específico en el contrato, así como la definición ambigua del objeto del acuerdo, lo que deja sin claridad las responsabilidades de la empresa, que se define como de seguridad nacional. Asimismo, la supervisión y el control sobre las actividades de Aurix están descritos de manera vaga, generando incertidumbre sobre su gestión.

Un aspecto clave es que el contrato no cuenta con la autorización del presidente de la República en ese momento, Danilo Medina, lo que constituye una violación a la ley. Esta norma establece que el Ministerio de Defensa no puede firmar contratos relacionados con la seguridad nacional sin la aprobación del comandante en jefe, es decir, el presidente de la nación.

Otro detalle llamativo es que Aurix fue constituida apenas un mes antes de que el acuerdo fuera suscrito, en mayo de 2020, lo que ha generado sospechas sobre la legitimidad del negocio. A través del contrato, José Manuel Gómez adquirió equipos de espionaje que fueron aprobados por el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del entonces teniente general Rubén Darío Paulino Sem. Sin embargo, no hay constancia de que estos equipos ingresaran legalmente al país o de que hayan pagado los correspondientes impuestos aduaneros.

El papel del director operativo de Aurix, Aquiles Jiménez, también ha generado preocupación, ya que se le acusa de utilizar información obtenida a través del manejo de datos para enviar mensajes amenazantes a empresarios y funcionarios, interfiriendo en sus vidas privadas.

Otro de los puntos más escandalosos del contrato, firmado 54 días antes de que el expresidente Medina dejara el poder, es que Aurix tuvo acceso ilimitado a archivos confidenciales del Ministerio de Defensa, lo que le otorgaba un control peligroso sobre información sensible del Estado dominicano.

Lo más alarmante es que no se estableció un monto económico por los servicios de vigilancia y espionaje proporcionados por Aurix, lo que deja en el aire el costo real del contrato. Sin embargo, el verdadero costo puede medirse en términos de violaciones a la privacidad y derechos fundamentales, ya que el acuerdo permitió la intromisión ilegal en la vida de terceros para fines que aún no han sido completamente esclarecidos.

El polémico contrato pone en evidencia serios problemas de transparencia y supervisión en acuerdos que involucran la seguridad nacional, y plantea preguntas sobre el manejo de datos confidenciales y la legalidad de ciertas prácticas en el Estado dominicano.