La Corte Suprema de Estados Unidos fijó para el 15 de mayo la audiencia en la que se evaluará la constitucionalidad del decreto del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en el país.
El 20 de enero, en su primer día del segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutivaque prohíbe otorgar la ciudadanía automática a niños nacidos en EE.UU. de padres que se encuentren en el país de manera ilegal o temporal. Sin embargo, su aplicación fue suspendida por cortes federales.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución, vigente desde 1868. Esta establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Trump sostiene que quienes se encuentran en EE.UU. sin residencia permanente o de forma temporal no están “sujetos a la jurisdicción” del país, y por lo tanto sus hijos no deberían tener derecho automático a la ciudadanía.
¿A quién afectaría la orden ejecutiva?
La medida impide al gobierno federal emitir pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en EE.UU. si:
- La madre está en el país de forma ilegal o temporal.
- El padre no es ciudadano ni residente permanente (sin “green card”).
- Ambos padres se encuentran en EE.UU. con visas de estudiante, trabajo o turista.
El 13 de marzo, el gobierno de Trump solicitó la intervención de la Corte Suprema para anular las decisiones de tribunales inferiores. Aunque el máximo tribunal de mayoría conservadora rechazó suspender de inmediato esos fallos, aceptó examinar el caso a fondo el próximo 15 de mayo.
Trump celebró el anuncio, asegurando que el caso ha sido “malinterpretado” y que la enmienda fue originalmente creada para proteger los derechos de los esclavos liberados tras la Guerra Civil, no para regular la inmigración actual.
El Departamento de Justicia calificó el avance del caso como una “victoria clave” para la agenda migratoria del presidente. Sin embargo, también denunció una “epidemia” de suspensiones nacionales emitidas por tribunales desde el inicio de este segundo mandato.
La Casa Blanca pide que, al menos, se limite el alcance de los fallos judiciales a los demandantes específicos, y solicita que se autorice a las agencias federales a emitir directrices para implementar la orden ejecutiva.