Criminalidad forzada: la trata de personas detrás de la estafa y extorsión por medio de entornos digitales

Flor Batista, docente universitaria y jueza del Poder Judicial

Este artículo analiza una nueva tendencia o modalidad de trata de personas con fines de criminalidad forzada en entornos digitales, explica algunas formas de captación y explotación de las víctimas, y plantea la necesidad de respuestas estatales e internacionales que prioricen la protección de las personas afectadas sin dejar de perseguir, someter y lograr sancionar las redes criminales.

La criminalidad forzada es una modalidad de trata de personas con fines de explotación criminal mediante la cual se obliga a la víctima a cometer actos criminales, como robos, estafas, extorsiones, narcotráfico, entre otros, utilizando nuevos medios y dinámicas para llevarla a cabo.

Con el avance de las nuevas tecnologías y su uso masivo en el mundo, los grupos criminales organizados transnacionales encontraron formas de llegar a miles de víctimas, diversificaron sus operaciones y aprovecharon los flujos migratorios para dar mayor alcance a sus objetivos, vinculando los ciberdelitos, el lavado de activos y la corrupción mediante la explotación de otras personas.

El Informe Mundial contra la Trata de Personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que, solo en Asia Oriental y Sudoriental, las pérdidas generadas por este ciberdelito alcanzaron los 37,000 millones de dólares en 2023. Es un delito lucrativo que ocupa el tercer lugar entre las actividades que mayores ganancias le dejan al crimen organizado.

El fenómeno no concluye o limita con el resultado final de la estafa o la extorsión: comienza con procesos de captación que aprovechan necesidades económicas, expectativas migratorias producto de la confianza que generan los entornos digitales. La captación de las víctimas se lleva a cabo de forma tradicional, mediante contacto directo o por intermediarios; también ocurre por medio de las redes sociales, aprovechando las vulnerabilidades de las personas captadas para, posteriormente, en muchos casos, trasladarlas a otros países donde son coaccionadas para cometer actos delictivos, como estafas o fraudes en línea.

La UNODC alerta que este tipo de explotación se lleva a cabo, además, a través de estafas románticas, fraudes con criptomonedas y otras estafas en línea; para ello, someten a las víctimas a opciones limitadas mediante violencia, coacción, amenazas y servidumbre por deudas. El fenómeno fue abordado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, en la que se reconoce que las nuevas tecnologías permiten un mayor alcance de las operaciones de grupos criminales transnacionales.

Las tendencias actuales de la trata de personas marcan un creciente aumento de casos de víctimas sometidas a explotación con fines de criminalidad forzada, y las personas migrantes ocupan el mayor porcentaje de quienes son engañados, captados, trasladados y coaccionados para cometer ciberdelitos.

A partir de la pandemia de Covid-19 se ha detectado un aumento de las llamadas granjas de estafas, que son lugares donde llevan a las personas captadas y transportadas, las encierran, les retienen sus documentos y las entrenan para que aprendan a realizar estafas bajo coacción y amenazas a sus familias, con el fin de que ejecuten operaciones fraudulentas y otras actividades ilegales durante horarios extensos. Los grupos criminales aprovechan estas vulnerabilidades para llevar a cabo sus actividades delictivas, sometiendo a las víctimas y diversificando su economía ilícita.

La dimensión tecnológica del fenómeno de la trata de personas con fines de explotación criminal permite comprender su expansión, pero la respuesta institucional exige otro enfoque más amplio: identificar a las víctimas, evitar su criminalización automática y fortalecer la cooperación nacional e internacional, para investigar a quienes se benefician de la explotación.

Los organismos internacionales se orientan a reconocer que estas víctimas merecen ser atendidas y protegidas, no criminalizadas. Esta tesis se ampara en el hecho de que muchas víctimas, en caso de ser arrestadas, pueden ser enjuiciadas como parte de la organización criminal; lo cierto es que existe un hilo muy fino entre la víctima y el colaborador criminal, por lo que se requerirá probar que ese fraude se cometió bajo criminalidad forzada.

Varias organizaciones internacionales, como la UNODC y la Organización Internacional para las Migraciones, han advertido sobre la necesidad de no criminalizar a las víctimas coaccionadas. Esta modalidad de trata de personas constituye un desafío en materia de investigación y persecución, debido a que la tecnología avanza cada día, la inteligencia artificial crece de forma exponencial y el amplio mundo de internet facilita las operaciones criminales, les ayuda a mantenerse en anonimato y permite la comunicación remota, que además puede dificultar el rastreo de estos grupos delictivos.

Las estrategias para combatir la trata con fines de criminalidad forzada requieren un trabajo de Estado y, además, prevención social mediante campañas educativas que visibilicen esta modalidad de trata de personas, una grave violación de los derechos humanos que impide a la persona disponer de su propia vida, dignidad y movilidad.

En consecuencia, los mayores retos serán anticiparse a las amenazas de este tipo y distinguir, con criterios claros, entre quién es víctima y quién no, con la finalidad de proveer protección efectiva a quien sí lo sea para perseguir y someter, con firmeza, a los tratantes. La trata de personas es un problema en aumento que requiere instituciones fuertes, capaces de avanzar en el uso de la tecnología, detectar la resiliencia criminal que va aventajada en el uso tecnológico, comprender su adaptabilidad y anticiparse a ella.