Cuando el cartel pierde el control intenta controlar el relato

Carlos E. Pimentel Florenzán

Un cartel no necesariamente se presenta como una organización visible, con una oficina, un nombre común o una estructura formal. Por el contrario, su principal característica es la capacidad de operar ocultándose detrás de múltiples empresas y, muchas veces, ocultando al beneficiario final.

Hay una diferencia fundamental entre no ser habilitado, no ser adjudicado y perder el control de un mercado. Lo primero forma parte de la competencia. Lo segundo puede ser simplemente el resultado de un proceso competitivo. Lo tercero, en cambio, puede ser la consecuencia de una estructura organizada que, durante años, aprendió a utilizar las reglas de la contratación pública para simular competencia, repartirse oportunidades, excluir competidores y proteger sus intereses. Eso es, precisamente, lo que debe entenderse cuando hablamos de un cartel de proveedores.

Un cartel no necesariamente se presenta como una organización visible, con una oficina, un nombre común o una estructura formal. Por el contrario, su principal característica es la capacidad de operar ocultándose detrás de múltiples empresas y, muchas veces, ocultando al beneficiario final. Esa fragmentación aparente no es un detalle menor: puede formar parte del mecanismo utilizado para construir una falsa apariencia de competencia.

Es bajo esta fachada empresarial que puede producirse la colusión en las contrataciones públicas: empresas que deberían competir entre sí coordinan sus actuaciones para alterar el resultado de un proceso de contratación y, para ello, utilizan diversas maniobras fraudulentas, entre ellas, las ofertas que se presentan sabiendo de antemano que no ganarán, la supresión de ofertas, la rotación de ganadores y el reparto de mercados.

Cuando varios proveedores se ponen de acuerdo para determinar quién gana, cuánto se oferta, quién participa y quién se retira, el daño no termina en una empresa que deja de ganar. El verdadero perjudicado es el Estado y, detrás del Estado, está la ciudadanía. Por eso, un cartel de proveedores debe ser entendido como algo mucho más serio que un grupo de empresas que se conocen o que participan con frecuencia en los mismos procesos. Esta práctica puede provocar precios artificialmente elevados, reducir la calidad de los bienes y servicios, limitar la innovación y excluir a proveedores que sí están dispuestos a competir legítimamente.

Por ello, la contratación pública moderna ya no puede limitarse a revisar documentos de manera aislada. Es necesario observar patrones. ¿Quién participa? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién aparece siempre? ¿Quién desaparece cuando participa determinado proveedor? ¿Qué empresas presentan comportamientos similares? ¿Qué precios ofrecen? ¿Cómo evolucionan sus ofertas? ¿Qué vínculos existen entre sociedades aparentemente independientes?

La información que generan los Sistemas Electrónico de Contrataciones Publicas permite realizar ese análisis con una profundidad que antes era prácticamente imposible. Los datos permiten identificar relaciones, comportamientos y patrones que, observados de manera aislada, podrían pasar inadvertidos. Y es ahí donde los datos comienzan a contar una historia diferente.

Pero el problema no termina cuando se detecta un posible cartel. Es precisamente en ese momento cuando puede aparecer una segunda dimensión del problema: la disputa por el relato.

Cuando una estructura de intereses empieza a ser investigada, fiscalizada o desmontada, puede intentar trasladar la disputa desde el terreno de los hechos al terreno del relato comunicacional.

Es entonces cuando puede aparecer una agenda de desinformación. Ya no se discute el patrón identificado, no se explican los vínculos, no se desmontan técnicamente los hallazgos ni se presentan pruebas que contradigan la información disponible. En cambio, se intenta cambiar el tema. El fiscalizador se intenta presentar ante los medios como un “perseguidor”; la investigación se presenta como un “ataque”; la aplicación de la ley se convierte en “abuso”. La defensa de la competencia se presenta como un “obstáculo para los proveedores” y quienes enfrentan las irregularidades son colocados en el centro de la discusión, mientras se intenta que el comportamiento que originó la investigación desaparezca del debate.

Toda persona o empresa sometida a una actuación administrativa tiene derecho a defenderse, a recurrir, a aportar pruebas y a que se respete el debido proceso. Las instituciones, por su parte, tienen la obligación de garantizar esas prerrogativas. Pero una cosa es ejercer derechos y otra muy distinta es utilizar mecanismos de presión para intentar detener una investigación, intimidar a quienes la realizan o condicionar las decisiones públicas.

Cuando la presión deja de ser jurídica y comienza a transformarse en amenaza, intimidación, descrédito sistemático o intento de imponer condiciones mediante el miedo o la exposición pública, estamos ante un fenómeno completamente diferente.