Cuando la calle habla y la justicia responde

Francisco Tavárez

Desde tempranas horas de la tarde del domingo, el entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva dejó de ser un simple escenario judicial para convertirse en el reflejo de un hartazgo nacional. Organizaciones vinculadas a la Antigua Orden Dominicana, junto a decenas de ciudadanos, influencers y figuras públicas, se congregaron a la espera de una decisión que, más que jurídica, tenía un profundo contenido moral y social: la solicitud de medidas de coerción contra los diez imputados del caso SENASA.

La manifestación, en principio convocada por el liderazgo del medio de comunicación "Somos Pueblo", cargada de simbolismo extremo, incluido un ataúd con imágenes del presidente de la República y del principal imputado, puede incomodar a muchos. Sin embargo, más allá de las formas, el fondo es imposible de ignorar: la gente siente que la corrupción le roba la vida, y cuando la vida se toca, la reacción deja de ser tibia. Las consignas, los improperios y la tensión no surgieron por capricho, sino por una percepción instalada durante años: la justicia no siempre mide con la misma vara.

El retraso de más de tres horas en el inicio de la audiencia no hizo más que aumentar la ansiedad colectiva. Afuera, la calle exigía respuestas; adentro, el sistema debía demostrar si estaba a la altura del momento histórico. Finalmente, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva para siete de los implicados en el entramado de corrupción administrativa y desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y arresto domiciliario para tres imputados que admitieron su responsabilidad.

La decisión marca un punto de inflexión. No borra el daño, no devuelve de inmediato los recursos saqueados ni sana la herida provocada en un sistema que protege a los más vulnerables, pero envía un mensaje claro: la impunidad no puede seguir siendo política de Estado.

No obstante, la lección es doble. La justicia no puede ni debe gobernarse desde la presión de la calle, pero tampoco puede seguir siendo sorda al clamor popular. Cuando miles sienten la necesidad de plantarse frente a un tribunal para exigir equidad, el problema no es solo judicial, es institucional y ético.

El caso SENASA no termina con estas medidas. Apenas comienza. Y lo que está en juego no es solo la suerte de diez imputados, sino la credibilidad del sistema, la confianza ciudadana y el derecho de millones de dominicanos a una salud que no sea convertida en botín.

La calle habló. La justicia respondió. Ahora toca demostrar que esto no fue una excepción, sino el inicio de un verdadero cambio.