Cuando la desinformación intenta frenar el desarrollo de comunidades con pocas oportunidades

Francisco Tavárez

La construcción de un relleno sanitario moderno y una planta de valorización de residuos en el paraje El Aguacate, de La Cuaba, está llamada a mejorar de manera significativa las condiciones de vida de sus residentes y, al mismo tiempo, a resolver uno de los mayores pasivos ambientales del país: el vertedero de Duquesa. Sin embargo, como ha ocurrido con otros proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, esta iniciativa se ha visto atrapada en una madeja de confusión, desinformación y supuestos “intereses ambientales” que, lejos de proteger el medioambiente, terminan prolongando un problema histórico.

Lo que se ha presentado bajo el nombre de OAKHOUSE no es un vertedero a cielo abierto ni un “Duquesa 2”, como algunos han querido venderlo. Se trata de una planta de valorización de residuos y un relleno sanitario moderno, controlado y seguro, diseñado conforme a la ley, la ciencia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su propósito central es cerrar definitivamente la era de Duquesa, un basurero improvisado que debió clausurarse hace más de una década y que hoy sigue recibiendo entre 3,500 y 6,000 toneladas diarias de desechos del Gran Santo Domingo.

Duquesa no es un relleno sanitario: es un enorme basural a cielo abierto, sin impermeabilización adecuada, sin control real de lixiviados y con impactos directos sobre ríos, suelos, aire y comunidades enteras. Pretender cerrarlo sin construir al menos tres infraestructuras modernas regionales es una quimera. OAKHOUSE es una de esas soluciones necesarias, no un capricho ni un negocio improvisado.

A diferencia del modelo obsoleto de Duquesa, este proyecto incorpora impermeabilización, sistemas de drenaje, manejo de lixiviados, monitoreo permanente del agua y control del biogás, todo bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. No habrá humo, ni filtraciones descontroladas, ni improvisación. Tampoco implica el tránsito de camiones por la comunidad, ya que cuenta con una vía exclusiva desde la Circunvalación. Además, al menos el 30 % de los empleos generados será para residentes locales, integrando desarrollo económico con responsabilidad social.

La Ley 225-20 es clara: el país debe avanzar hacia la valorización, la separación, la minimización y la disposición final controlada de los residuos. Lo que viola la ley no es OAKHOUSE, sino la permanencia indefinida de vertederos a cielo abierto como Duquesa. Este proyecto no solo cumple la normativa ambiental (Ley 64-00), sino que también se alinea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Resulta preocupante que, pese a estas evidencias, se insista en sembrar dudas y temores infundados. La confusión creada denota una clara manipulación que obliga a la intervención firme de las autoridades para garantizar el respeto a las leyes y al interés general. Si no hay contaminación demostrada, ni riesgos comprobados, ni vulneración de derechos, cuesta entender una oposición que parece más ideológica o interesada que ambiental.

No estamos, además, ante un proyecto rechazado por la comunidad. Más de veinte organizaciones locales —juntas de vecinos, asociaciones de padres, agricultores, motoconchistas y clubes de madres— han expresado formalmente su respaldo, con nombres, firmas y roles claros. OAKHOUSE no es solo una planta: es empleo, capacitación, infraestructura y una relación directa y permanente con la comunidad.

La República Dominicana no puede seguir secuestrada por el miedo, la desinformación o el inmovilismo. Transformar un problema histórico en una solución moderna, segura y socialmente integrada no debería ser motivo de conflicto, sino de consenso. Defender Duquesa, aunque sea de manera indirecta, es defender el atraso. Apostar por proyectos como OAKHOUSE es apostar por un país que gestiona sus residuos con responsabilidad, ciencia y visión de futuro.