Cuando la justicia absuelve, pero el daño ya está hecho

Francisco Tavárez

La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que confirmó el descargo definitivo de Raúl Antonio Rizik Yeb tras más de dos años de proceso judicial debería provocar una reflexión que va mucho más allá de los nombres involucrados. La pregunta central no es quién ganó el caso. La pregunta es cuánto pierde una sociedad cuando una acusación que termina sin sustento logra, durante años, producir efectos tan severos como la prisión preventiva, el descrédito público y la destrucción de una reputación.

La justicia dominicana ha hablado con claridad. Primero lo hizo el tribunal de instrucción al dictar un auto de no ha lugar. Luego la Corte de Apelación confirmó esa decisión. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia cerró el expediente al concluir que no existían elementos suficientes para llevar al acusado a juicio. En términos jurídicos, el caso terminó. Pero en términos humanos y sociales, la discusión apenas comienza.

El problema de fondo es que los sistemas judiciales modernos fueron diseñados para proteger derechos, no para convertirse en escenarios de confrontación estratégica donde el proceso mismo se transforma en castigo. Cuando una persona pasa meses o años enfrentando acusaciones que finalmente no prosperan, el resultado puede ser una absolución legal, pero rara vez existe una reparación proporcional al daño sufrido.

Más preocupante aún resulta observar que este caso se desarrolla paralelamente a otros procesos donde tribunales y órganos disciplinarios han cuestionado prácticas litigiosas calificadas como temerarias. La coincidencia de decisiones judiciales y disciplinarias abre una interrogante legítima sobre los límites éticos del ejercicio profesional y sobre la responsabilidad que deben asumir quienes utilizan los tribunales para impulsar acciones carentes de fundamentos suficientes.

No se trata de debilitar el derecho de toda persona a denunciar ni de desincentivar la persecución de conductas ilícitas. Todo lo contrario. La credibilidad de la justicia depende precisamente de que las denuncias legítimas sean investigadas con rigor y protegidas con seriedad. Pero esa misma credibilidad exige consecuencias cuando el aparato judicial es utilizado de manera irresponsable o abusiva.

La lección que deja este caso es incómoda pero necesaria. La justicia no debe medirse únicamente por la corrección de sus sentencias finales. También debe medirse por su capacidad para evitar que el proceso se convierta en una pena anticipada.

Porque una absolución puede restablecer derechos sobre el papel. Lo que difícilmente puede devolver son los años perdidos, la libertad restringida, el patrimonio consumido y la reputación erosionada. Y cuando eso ocurre, la sociedad tiene la obligación de preguntarse si la justicia llegó realmente a tiempo.