Cuando la Policía mata, el Estado falla

Francisco Tavárez

La muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco en La Ciénaga no es un hecho aislado. Es otro golpe directo a la ya frágil confianza ciudadana en la Policía Nacional. Un operativo que terminó en tragedia, sin evidencia de enfrentamiento ni vínculos criminales, no puede explicarse como un “exceso”. Es, simple y llanamente, una señal de que algo estructural está fallando.

Hoy hay cuatro agentes bajo control del Ministerio Público, según ha informado Diego Pesqueira. Pero la pregunta de fondo sigue intacta y duele más cada vez que se repite: ¿quién protege a los ciudadanos cuando deben temerle a quienes portan el uniforme?

No es la primera vez. Y ese es el verdadero problema.

En República Dominicana, ver una patrulla policial ya no genera tranquilidad. Genera tensión. Genera miedo. La percepción se ha invertido de forma peligrosa: el ciudadano común no siempre se siente protegido, sino expuesto. Y eso, en cualquier democracia, es inaceptable.

El caso de Carmelo Polanco se suma a una cadena de episodios que no pueden seguir siendo archivados como hechos aislados. Aquí no hubo sicariato, no hubo enfrentamiento confirmado, no hubo justificación clara. Lo que hubo fue el uso letal de la fuerza sin transparencia inmediata, sin controles visibles y sin una narrativa oficial convincente.

Y mientras tanto, la ciudadanía acumula miedo.

Es momento de hablar claro: la reforma policial no puede seguir siendo un discurso. Tiene que convertirse en consecuencias reales. Cuando un agente cruza la línea, no basta con suspenderlo o investigarlo. La ley debe aplicarse con firmeza, sin privilegios, sin dilaciones, sin encubrimientos.

Porque cada caso que queda en la ambigüedad envía un mensaje devastador: que el uniforme puede estar por encima de la ley.

No lo está.

El Estado tiene la obligación de garantizar seguridad, pero también de garantizar que quienes ejercen la fuerza lo hagan bajo estrictos estándares de legalidad, proporcionalidad y respeto a la vida. Cuando eso no ocurre, no solo muere una persona. Muere un pedazo de la confianza colectiva.

La sociedad dominicana no puede normalizar el miedo a su propia policía. No puede aceptar como rutina que operativos terminen en muertes inexplicables. No puede seguir acumulando nombres, rostros y tragedias sin respuestas contundentes.

La Policía está para cuidar. No para matar.

Y cuando mata sin justificación, el problema deja de ser individual. Se convierte en institucional.

Y eso, sencillamente, no se puede tolerar más.