CUED defiende transparencia en el proceso de licitación para la contratación de subagentes recaudadores de Edesur

SANTO DOMINGO.-El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) defendió la transparencia, la legalidad y los beneficios que genera a favor de Edesur Dominicana el proceso de licitación para la contratación de subagentes recaudadores de pagos, para cobro facturas clientes post pago y venta de recarga de energía para clientes prepago.  

Celso Marranzini, presidente del CUED, afirma que en cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, Edesur ha iniciado un proceso de licitación transparente, competitivo y alineado con las normativas vigentes, con el objetivo de regularizar la prestación del servicio de subagentes de cobro, garantizando eficiencia y equidad en la selección de los prestadores de este servicio esencial para nuestros clientes.  

Edesur cuenta con más de un millón de clientes, muchos de los cuales residen en comunidades apartadas, donde no resulta eficiente la instalación de oficinas comerciales, pues lo que se puede recaudar no compensa los costos fijos (alquiler, salarios, etc.).

Para facilitar el pago de facturas postpago y la recarga de energía prepago, se contratan subagentes con redes de comercios (farmacias, colmados, tiendas, supermercados, etc.), ubicados estratégicamente en distintos sectores y comunidades apartadas dentro del área de concesión de EDESUR, donde los clientes pueden realizar el pago de sus facturas y, fundamentalmente, puedan recargar energía en sus medidores prepago.

Actualmente, la tasa de cobranza de Edesur alcanza el 97% del monto facturado mensualmente (es decir, los montos cobrados en cada mes representan el 97% del monto facturado), gracias a la contribución de los subagentes en el cobro de facturas y la recarga de energía en modalidad prepago. Es un error pensar que se contrata a los subagentes para que solo cobren el 3% restante.

A través de estas redes de subagentes, se cobran más de 120,000 facturas postpago mensuales mientras que el monto percibido por esa labor en los clientes prepago supera los RD$100 millones de pesos al mes.

La empresa tiene años utilizando múltiples subagentes en base a contratos con renovación automática que datan de más de 5 años. No obstante, el nuevo Reglamento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, prohíbe la inclusión de cláusulas de renovación automática, por lo que Edesur está regularizando la prestación del servicio a través de un proceso competitivo, permitiendo mejorar las condiciones y costos.  

Este mecanismo promueve la competencia y permite que Edesur pague la menor comisión posible por el servicio.  

El monto presupuestado para la licitación no equivale al gasto final de Edesur, ya que el pago a cada subagente dependerá de las transacciones realizadas en su red de comercios y la comisión que finalmente resulte de la adjudicación.  

El presupuesto de referencia de la licitación se estableció a partir de las comisiones que se cobran actualmente, promoviendo que se reciban ofertas que tiendan a la baja, tal como se establece en los criterios de adjudicación, que procuran adjudicar al oferente que ofrezca cobrar la menor comisión por transacción.

Los subagentes que resulten adjudicatarios recibirán una comisión por cada factura cobrada en sus redes de comercios y por cada monto recargado en modalidad prepago.  

El pliego de la licitación menciona la posibilidad de un pago de anticipo únicamente por cumplimiento de la Ley 340-06, la cual establece que, en caso de resultar adjudicada una Mipyme, esta tendría derecho a solicitarlo. Sin embargo, dadas las características del servicio, es poco probable que una Mipyme cumpla con las condiciones para participar en este proceso.  

Con esta licitación, sostiene que Edesur reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia operativa y la optimización de sus servicios para beneficio de todos sus clientes. 

Asimismo, declara su compromiso de ofrecer cualquier información adicional que contribuya a la correcta comprensión de este proceso, en beneficio de la transparencia y del derecho ciudadano a estar bien informado.