El presidente Luis Abinader emitió el decreto 396-21 el pasado domingo disponiendo un plan de austeridad para recortar gastos del Poder Ejecutivo.
La disposición, que limita los gastos hasta el 1 de enero, afecta únicamente al Poder Ejecutivo y a los organismos autónomos y descentralizados del Gobierno.
Entre las medidas aprobadas, destaca la prohibición de las compras de vehículos de motor durante todo el año. Aunque este apartado tiene una excepción y es que si lo autoriza el Ministerio Administrativo de la Presidencia se puede realizar.
Precisamente dos días después de este decreto sale a la luz pública una licitación de la Dirección General de Compras y Contrataciones. En dicha acción se licitará la adquisición de dos vehículos todo terreno por un valor de 6.4 millones de pesos.
Como era de esperarse la sociedad reaccionó ante este adefesio pues, si se habla de austeridad, dos vehículos con ese precio es una imprudencia.
Ante las críticas el director, Carlos Pimentel, afirmó que no cancelará la orden y abrió un hilo de justificaciones en la red social twitter. Entre sus justificaciones afirma que la orden estaba realizada antes del decreto del presidente y aprobada por el Ministerio de Administrativo como indica el decreto.
También afirma que disponen de la aprobación presupuestaria y que solo tienen abierto el proceso de licitación sin adjudicar de dos vehículos tipo SUV. Detallan también que, acorde al cronograma de licitación, tiene previsto apertura de propuesta técnica para el 06 de agosto.
Apertura y lectura de oferta económica el 30 de agosto, adjudicación el 03 de septiembre y suscripción de contrato con proveedor seleccionado el 17 de septiembre.
Explican que la idea de un vehículo todo terreno es por seguridad pues deben recorrer todo el país en el ejercicio de sus funciones y competencias. Lo que esta dirección está tratando de decirnos es que ellos tenían ese proceso autorizado antes del decreto y que está dentro del tiempo prudente.
Pero lo que la sociedad cuestiona no es el proceso, que sabemos tratándose de esa dirección deben manejar mejor que nadie la ley. Lo que realmente llama la atención es que el presidente emita un decreto prohibiendo la compra de vehículos y continúen con el proceso.
Es cierto que si está aprobado por el Ministro Administrativo como también señala el decreto que es la excepción. Pero aquí se instaló una yipetocracia en donde los funcionarios públicos deben hacer uso de vehículos de alta gama cuyo con consumo es muy alto.
Los planes de austeridad nunca han dado resultados en este país. Cuando Leonel Fernández regresó en el 2004 en medio de una crisis económica sin precedentes emitió un plan de austeridad. En dicha disposición hasta se prohibía encender los aires acondicionados, pero la misma no duró un mes para ser violentada.
Existen vehículos incautados a personas del narcotráfico y otras acciones delictivas del crimen organizado. Estas personas utilizan vehículos de alta gama, todo terreno, una buena sugerencia podría ser asumir uno de esos.
Quizá el monto de esa licitación no sea tan alto porque es apenas 6.4 millones pero se debe tener prudencia. Lamentablemente el sentido común es el menos común de los sentidos algo que debe primar en un contexto como este.
Se debe tomar en cuenta que, cuando el que manda pierde la vergüenza el que obedece pierde el respeto. Ojo con eso porque la Plaza de la bandera sigue en el mismo lugar.
Por: Francisco Tavárez, el Demócrata.