|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
SANTO DOMINGO.- Siete funcionarios dominicanos, incluyendo a Hugo Beras y Jochi Gómez, enfrentan graves acusaciones de corrupción, estafa, desfalco y crímenes tecnológicos, en perjuicio del Estado dominicano.
Entre los cargos también se encuentran lavado de activos, contrabando y actos relacionados con terrorismo. Las violaciones abarcan desde la Constitución hasta varias leyes penales y financieras del país.
Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, José Ángel Gómez Canaán (alias Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Samuel Gregorio Saquero Sepúlveda y Carlos José Peguero Vargas enfrentan múltiples acusaciones de corrupción y otros delitos graves cometidos en perjuicio del Estado dominicano.
Estas acusaciones incluyen violaciones al artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, que proscribe la corrupción, así como varios artículos del Código Penal y leyes especiales que sancionan delitos financieros, tecnológicos y de terrorismo.
Hugo Beras, Jochi Gómez y Frank Atilano Díaz están acusados de coalición de funcionarios (artículos 123 y 124 del Código Penal), falsedad cometida en el ejercicio de sus funciones (artículo 146), desfalco (artículos 171 y 172), asociación de malhechores (artículos 265 y 266) y estafa contra el Estado dominicano (artículo 405).
En el caso de Jochi Gómez, también se le imputa el uso de documentos privados falsos (artículos 150 y 151 del Código Penal) y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente por sabotaje, robo de identidad, espionaje y actos de terrorismo.
Pedro Vinicio Padovani enfrenta cargos similares a los de Jochi Gómez, incluyendo falsedad, estafa y asociación de malhechores. También se le acusa de contrabando, según la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, y de lavado de activos conforme a la Ley 155-17.
Además, se le imputan delitos relacionados con el terrorismo bajo la Ley 267-08, que regula el terrorismo en el país.
Samuel Gregorio Saquero Sepúlveda y Juan Francisco Álvarez Carbuccia están acusados de corrupción, coalición de funcionarios, falsedad y desfalco, además de estafa en perjuicio del Estado y asociación de malhechores. Ambos también enfrentan acusaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Carlos José Peguero Vargas, al igual que los demás acusados, enfrenta cargos de corrupción, uso de documentos falsos, sabotaje, y crímenes tecnológicos. Además, se le imputa contrabando y lavado de activos, junto con delitos relacionados con el terrorismo.
En resumen, este entramado de corrupción, desfalco y delitos financieros y tecnológicos implica una red organizada que ha afectado al Estado dominicano en múltiples aspectos, desde el uso indebido de recursos públicos hasta actos de terrorismo y lavado de activos.
