Desarmados ante el miedo: el país que no cuadra

Francisco Tavárez 

El pasado 18 de febrero, la ministra Faride Raful encabezó la juramentación del nuevo director de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, en cumplimiento del Decreto 111-26. Un relevo que, en teoría, debía traducirse en mayor seguridad. Pero en la calle, la percepción ciudadana cuenta otra historia: miedo, indignación y una creciente sensación de desprotección.

Los datos oficiales dicen una cosa. Según cifras preliminares de la Fuerza de Tarea Conjunta, la tasa de homicidios en República Dominicana cerró 2025 en 8.15 por cada 100,000 habitantes, una reducción respecto al 9.61 de 2024. En papel, hay avances. En los barrios, en las conversaciones cotidianas, en las denuncias que se multiplican en redes, la realidad se siente distinta.

Ese choque entre estadísticas y percepción no es menor: es el corazón del problema.

Mientras el Gobierno exhibe indicadores a la baja, muchos ciudadanos sienten que la delincuencia va en aumento. Denuncian atracos más violentos, asaltantes mejor armados y una respuesta institucional que no siempre genera confianza. En ese contexto, resurgen discursos peligrosos: llamados a armarse, a tomar la seguridad por cuenta propia, a normalizar la autodefensa como única salida.

Pero esa no puede ser la respuesta.

La frustración ciudadana tiene raíces reales: el acceso legal a armas es costoso y restrictivo, mientras circula la percepción de que el crimen organizado sí encuentra vías para abastecerse. Esa desigualdad —real o percibida— alimenta la narrativa de un “país al revés”, donde quien cumple la ley se siente en desventaja frente a quien la viola.

Sin embargo, abrir la puerta a una sociedad más armada no resuelve el problema de fondo. Lo agrava. Más armas en manos civiles no garantizan más seguridad; pueden, por el contrario, multiplicar los riesgos, los conflictos y las tragedias.

La discusión de fondo no es solo sobre armas. Es sobre confianza.

Confianza en la Policía, en la justicia, en la capacidad del Estado para prevenir, perseguir y sancionar el delito. Confianza en que las cifras oficiales reflejan la realidad y no solo una parte de ella. Confianza en que el ciudadano no está solo.

Hoy, esa confianza está erosionada.

El reto del nuevo mando policial no es únicamente reducir estadísticas, sino cerrar la brecha entre lo que dicen los números y lo que vive la gente. Porque cuando un país deja de creer en su propia seguridad, cualquier dato, por positivo que sea, pierde valor.

Y en ese vacío, lo que crece no es la tranquilidad. Es el miedo.