En la República Dominicana, la salud, un derecho fundamental, se ha visto pervertida por prácticas corruptas que han transformado algunos de los centros médicos privados y hospitales públicos en escenarios de negocio lucrativo a expensas de la vida y el bienestar de los ciudadanos.
Detrás de esta fachada de atención médica se esconde un entramado de corrupción que desafía el estado de derecho y la ética profesional de unos pocos profesionales de la salud, que ante la mirada indiferente de muchos colegas han creado las condiciones para que hoy vivamos una situación crítica de credibilidad y confianza en los gremios del sector salud y de muchos centros médicos.
El presidente vitalicio de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), señor Rafael Mena, ha desatado la indignación al sugerir que las malas prácticas médicas merecen una especie de patente de corso. Esta declaración revela una mentalidad despreciable que desatiende la responsabilidad ética y legal de los profesionales de la salud. En cualquier país que respete el estado de derecho, las malas prácticas médicas se sancionan y penalizan, y la República Dominicana no debería ser la excepción.
Algunos de los centros médicos privados, lejos de ser santuarios de salud, operan bajo esquemas de corrupción flagrante. Desde la recomendación de procedimientos quirúrgicos innecesarios hasta la facturación ficticia a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el sobrediagnóstico y la manipulación de materiales médicos, estas instituciones ponen en peligro la salud y el bolsillo de los pacientes. Esta realidad se ve agravada por la complicidad de médicos y autoridades del sector salud, así como por la participación de algunas de las ARS, Clínicas y Hospitales públicos en estas prácticas ilegales.
La corrupción no conoce fronteras en el sector salud dominicano. Tanto en las clínicas privadas como en los hospitales públicos, se encuentran arraigadas las redes de corrupción que explotan a los pacientes y desvían fondos destinados a la atención médica. La falta de transparencia y rendición de cuentas permite que estas mafias estructuradas prosperen, con consecuencias devastadoras para la población.
Es imperativo que se audite a fondo el Servicio Nacional de Salud y se investiguen las asociaciones de especialistas, como la asociación de Ortopedia, para erradicar la corrupción en todas sus formas.
Si bien no son todas las Clínicas y médicos, quienes participan en estas prácticas ilegales, el sistema los presiona y limita su capacidad para denunciar y distanciarse de estos esquemas de corrupción y de explotación laboral y profesional.
Incluso el Colegio Médico Dominicano ha sido cómplice de estas mafias históricas, desviándose de su deber de proteger la salud pública, adoptando agendas personales y políticas. Es hora de que asuman la responsabilidad y rindan cuentas ante el país por su papel en perpetuar esta crisis.
El presidente Luis Abinader enfrenta el desafío de transformar un sector salud que ha sido corrompido hasta la médula.
La población dominicana espera con ansias una acción decisiva para poner fin a este negocio criminal que ha cobrado innumerables vidas. Es hora de restaurar la integridad y la dignidad en el sistema de salud de la República Dominicana.
Por Francisco Tavárez
