SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Pasaportes (DGP) aclaró este lunes su papel en la reciente suspensión temporal de la licitación para la adquisición del Pasaporte Electrónico. Según la DGP, la intervención se realizó a solicitud de la propia institución para asegurar que el proceso se desarrollara conforme a los más altos estándares de transparencia y protección de los fondos públicos.
Lorenzo Ramírez, director de la DGP, explicó que la intervención busca garantizar la correcta ejecución del proceso tras la declaración de interés nacional realizada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 438-22. Este proceso ha sido gestionado de manera abierta y participativa, a pesar de tratarse de un procedimiento de excepción por seguridad nacional.
“Desde su inicio, el proceso ha contado con la colaboración de la Unidad Burocracia Cero, integrada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), así como de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la cual el país es miembro signatario, quienes han acompañado cada paso del procedimiento, desde el desarrollo del Pliego de Condiciones, en aras de garantizar que el mismo esté alineado a los estándares globales para que la seguridad nacional no se vea comprometida”, manifestó.
Ramírez, explicó que, desde la publicación del procedimiento en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones el 12 de junio, el sistema de monitoreo no ha detectado irregularidades. Sin embargo, se solicitó la intervención de la DGP para verificar el cumplimiento del procedimiento estipulado para estos casos.
A la vez, añadió que, de las 25 empresas nacionales e internacionales interesadas en el proceso de adquisición e implementación del pasaporte biométrico, 11 presentaron preguntas, siete solicitaron visitas técnicas y dos presentaron ofertas: un consorcio internacional y una empresa local.
“El pliego de condiciones de esta licitación fue elaborado bajo las normas internacionales que rigen la implementación del Pasaporte Electrónico en otros países, donde la experiencia de la OACI indica que el nivel de participación de oferentes regularmente es de entre dos a cinco, por tratarse de un procedimiento complejo que implica el desarrollo de software, infraestructura, Data Center y la inversión de cuantiosos recursos financieros”.
El director de la DGP aseguró que todas las recomendaciones del órgano rector (DGCP) fueron consideradas y que el proceso se ajusta a las disposiciones de la Ley 340-06. Reiteró que el objetivo principal es cumplir con el mandato presidencial de dotar al país de un pasaporte electrónico que cumpla con los más altos estándares de calidad, junto con una infraestructura tecnológica adecuada para una expedición segura y eficiente.
La DGP reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que continuará trabajando para ofrecer un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía.
