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SANTO DOMINGO .- Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra tres mujeres apresadas en flagrancia tras intentar hacer compras en un supermercado con 89 tarjetas del programa Supérate.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que las encartadas Leanding Cristal Mota Arias, Perla Massiel Pérez Germán y Crisleidy Toledo Mota, cumplan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
De acuerdo al dispositivo acusatorio precisa que las encartadas fueron arrestadas en flagrante delito, en momentos en que estás se disponían a pagar compras con 89 tarjetas del programa Supérate, en un establecimiento ubicado en la Autopista Duarte.
La acusación instrumentada por el Ministerio Público indica que las imputadas se asociaron con el objetivo de estafar al Estado Dominicano realizando compras masivas con el uso de las tarjetas del programa de subsidios que otorga el gobierno a través de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
Entre los elementos probatorios al momento del hecho se encuentran cuatro cajas de leche, conteniendo seis unidades y una caja con cinco unidades del producto, para un total de 29 elementos; 19 galones de aceite de 3.78 litros y 16 de 7.37 litros; cuatro fardos de, café para un total de 20 paquetes cada uno y 10 sueltos, siendo estos 89 paquetes; 23 piernas de salami de 100 gramos; cuatro fardos de leche Carnatión de 24 unidades; seis plátanos verdes; un paquete de camarones de 2 libras, un paquete de toallas sanitarias; un paquete de fresa de 450 gramos y dos objetos plásticos para juguetes infantiles.
Las investigaciones iniciadas aducen que hasta el momento 22 de 89 tarjetas adscritas al programa de subsidio del Estado, no coindicen con las informaciones visibles en el plástico.
El Ministerio Público le ha otorgado a los hechos descritos, la calificación jurídica de Asociación de malhechores, obtención ilícita de fondos, usurpación de identidad, falsificación y estafa, en violación a los artículos 265, 266, del Código Penal y artículos 5, 13, 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
