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Por: Vanessa Valdez
SANTO DOMINGO.-El diputado Rafael Castillo, vocero de los legisladores del Partido Fuerza del Pueblo, indicó este viernes que el presidente Abinader no fue bien informado al emitir el decreto que declara a las bandas criminales de Haití como terroristas.
Castillo, que esto no es nuevo indicando que en el país ya existe la Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, que creó el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista en 2008, durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández.
Artículo 5.- Terrorismo. A los fines de la presente ley, constituyen actos de terrorismo todos aquellos que se ejecuten empleando medios susceptibles de provocar, de forma indiscriminada o atroz, muertes, heridas, lesiones físicas o psicológicas a un número indeterminado de personas, o graves estragos materiales a infraestructuras estratégicas de la nación o propiedades de particulares, con la finalidad de:
a) Atemorizar a la población en general o determinados sectores de ésta, obligando al gobierno nacional, a otro gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo;
b) Crear talías acciones fundadas por motivos políticos, étnicos o religiosos;
c) Afectar las relaciones del Estado dominicano con otros estados o su imagen exterior.
En el artículo 7 de esta ley se establece que los atentados con bombas, sustancias peligrosas y otros medios e instrumentos serán sancionados con penas de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión para todo aquel que cometa un acto de terrorismo consistente en detonar, explotar, esparcir, arrojar, colocar o diseminar por cualquier medio o procedimiento armas
Asi como dispositivos, artefactos, sustancias o materiales de alto poder explosivo, compuestos químicos, biológicos o radioactivos, susceptibles de provocar muertes, heridas, lesiones o estragos materiales de consideración en establecimientos de uso público y privados.
Esta ley también establece que el terrorismo constituye un fenómeno criminal que preocupa a todas las naciones, atenta contra la democracia, impide el disfrute de los derechos humanos fundamentales, amenaza la seguridad de las naciones, desestabiliza y socava las bases de toda la sociedad, afectando seriamente su desarrollo económico y social, así como las relaciones internacionales.
