Un fuerte dispositivo de seguridad, compuesto por agentes de la Policía Nacional y el Ejército, ha establecido un cerco militar en los alrededores del Altar de la Patria, restringiendo el acceso de manifestantes de ideología izquierdista que se habían convocado para realizar una protesta en el emblemático lugar.
La medida, que busca garantizar el orden y la seguridad en la zona, ha generado controversia, ya que los manifestantes denunciaron que la presencia policial y militar impide su derecho a la libre expresión. La concentración, que originalmente tenía como objetivo protestar contra ciertas políticas del gobierno, se vio desbordada por la intervención de las fuerzas de seguridad, quienes bloquean las principales vías de acceso al sitio histórico.
Aunque las autoridades aseguraron que la presencia de las fuerzas armadas era una medida preventiva para evitar disturbios, la acción ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de silenciar a la oposición y limitar las libertades públicas. Los manifestantes, por su parte, exigen la retirada del cerco y el respeto a sus derechos constitucionales.